La industria que reciba ayudas públicas tendrá que mantener su actividad cinco años

Para conseguirlo, el Gobierno obligará a las empresas que reciban ayudas públicas en forma de subvenciones o préstamos a mantener su actividad productiva al menos durante cinco años. Tres en el caso de las pymes.

La norma -comprometida dentro del Plan de Recuperación para sustituir la actual ley, que data de 1992-, también obligará a las empresas del sector que quieran realizar despidos masivos a comunicarlo previamente a la Administración. «Esta Ley es un compromiso del Gobierno que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país», indicó la ministra del ramo, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El de mantener y reforzar el empleo en el sector es solo uno de los objetivos que persigue el texto que, según anticipó Maroto, también incentivará inversiones en estos sectores, especialmente en territorios más afectados por el reto demográfico, como el recientemente lanzado por Cepsa en Andalucía para construir el mayor proyecto de hidrógeno verde en Europa con una inversión prevista de 3.000 millones de euros.

La norma aplicará sobre industrias manufactureras y «actividades industriales dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos y el tratamiento de residuos». También afectará a los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica, así como actividades de digitalización, utilización y manejo de la información, su interoperabilidad y protección, que estén relacionados con la actividad industrial.

Por primera vez, la ley regulará así los proyectos industriales de interés general, como aquellos que cumplan al menos dos de estas tres condiciones: que generen un volumen significativo de inversión y empleo indefinido, que se trate de proyectos dentro de sectores estratégicos o que estén alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación.

Del mismo modo, se detalla el nuevo régimen de infracciones y sanciones, que se califican como muy graves, graves y leves. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.

Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 60.000 euros si son leves , de hasta seis millones de euros si son graves y de hasta 100 millones si son muy graves.