Las incógnitas que deja la factura de la luz tras un año de récords consecutivos

Pero más allá de esa referencia, la siempre compleja factura de la luz deja entrever demasiadas dudas entre los hogares. De hecho, un 60% de los consumidores desconoce qué tipo de tarifa tienen contratada; cómo funciona el sistema o qué puede hacer para hacer frente a un contexto de precios que seguirán altos más allá del 31 de diciembre, cuando vence la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se pagará el mismo recibo medio que en 2018.

A medias. A falta de dos semanas para que concluya diciembre, lo que está claro es que los hogares que tienen contratada la tarifa regulada (PVPC)están pagando de media 123 euros más en sus recibos que lo que abonaron hace tres años durante los once primeros meses del año. Esto es, unos 10 euros más al mes. A esta modalidad se encuentran acogidos unos 10,5 millones de hogares.

Los otros 16 millones de puntos tienen contratada alguna de las decenas de tarifas libres que hay en el mercado. En este caso, las comercializadoras les habrán mantenido sus contratos en vigor, siempre que no haya cumplido el plazo establecido. Y se habrán beneficiado de las rebajas de impuestos y cargos. Por ello, el precio del kilovatio/hora (kwh) que pagarán de media todos los españoles previsiblemente sea similar al de 2018, según los cálculos de Eurostat.

Es la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos cuando quieren comprobar los efectos de ese MWh del que los medios hablan diariamente. La mayoría de los consumidores desconoce qué tipo de tarifa pagan a su eléctrica. Y esa ignorancia se vuelve mayor en etapas de subida de los precios. Existen dos grandes grupos de tarifas energéticas: la regulada (PVPC) y las libres. En este último colectivo se incluyen todo tipo de ofertas, 'packs', rebajas, planes de pago, servicios adicionales... Cualquier concepto diferente al término PVPC será una tarifa libre.

No hay tarifas mejores o peores de por sí, sino contratos que se adaptan a las necesidades de cada hogar. Hasta mediados de año, la regulada resultaba más económica que cualquiera de las mejores tarifas libres. Así lo demuestran los datos históricos de facturación, a pesar de subidas como las de este enero. El problema del PVPC es que el precio del kilovatio/hora (kwh) cambia cada hora, con subidas y bajadas. Frente a ellas se encuentran las tarifas libres, estables y totalmente predecibles porque el consumidor sabe 'a priori' cuánta luz pagará al mes. Cada familia debe decidir si opta por asumir un pago fijo, habitualmente algo más elevado, o un coste inferior, pero variable, según sus posibilidades.

En estos momentos, según los últimos datos disponibles en el comparador de tarifas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un hogar con tarifa regulada pagará 862 euros al año (unos 71 euros al mes); sigue siendo la tercera mejor opción por delante del resto de tarifas libres, que van incrementando precios para trasladar el coste del 'pool' diario.

Si opta por la tarifa regulada solo pueden contratarla con alguna de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Total y CHC a través de sus denominaciones como 'comercializadoras de referencia' (ver gráfico). El precio es el mismo en todas. A la vez, esas mismas compañías, junto a otras decenas de empresas más pequeñas (superan ya las 200) también ofrecen las tarifas libres (con el nombre comercial correspondiente), cada una con sus condiciones. Caso aparte son las distribuidoras, que se encargan de la activación, los cortes o los problemas técnicos.

Sí. Los que el cliente quiera, siempre que cumpla con los requisitos de cada contrato. Un hogar puede pasar del mercado regulado al libre. Y viceversa. Y siempre de forma gratuita. Ninguna comercializadora eléctrica puede negarse. Por otra parte, no está permitida la visita de comerciales a los hogares con el puerta a puerta. Esta práctica, para muchos considerada «agresiva», pasó a la historia en 2018 tras registrar un elevado número de reclamaciones, en muchos casos personas mayores vulnerables, que se sentían perjudicadas por el producto que contrataban en la puerta de casa, a veces sin tener conocimiento de ello.

Ante la espiral de precios que experimenta el mercado eléctrico desde el verano, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas para intentar amortiguar la subida de la luz. Desde el punto de vista fiscal, aprobó en junio una rebaja del IVA eléctrico, que se redujo del 21% al 10% actual.

Además, desde septiembre también se encuentra minimizado el Impuesto Eléctrico, cuyo gravamen era del 5,1% y actualmente se encuentra en el 0,5%. Ambas medidas seguirán en vigor al menos durante todo el primer trimestre de este año. Estas reducciones tributarias benefician a todos los hogares, independientemente de que tengan contratada tarifa regulada o libre. Ocurre lo mismo con el recorte de los cargos (una de las partes fijas) que el Ejecutivo aprobó en septiembre y que suponen una reducción de costes del 96%. Los cargos son la parte del recibo que sirven para sufragar conceptos como las primas a las antiguas renovables, el déficit eléctricoo la insularidad.

Es la gran opción que tienen los hogares vulnerables. Cuando comenzó la crisis energética de precios en mayo –el mes en el que se inició la escalada de costes en el mercado mayorista, hasta hoy–, eran 1.161.214 los hogares que estaban acogidos al bono social: el descuento de entre un 60% y un 70% en la parte de energía consumida del recibo, dependiendo de la situación socioeconómica de la familia que lo haya solicitado. Para solicitar esta medida es imprescindible tener contratada una tarifa regulada de luz, esto es, el PVPC.

El descuento se aplica automáticamente en el recibo por parte de la compañía, sin tener que realizar más trámites, hasta que venza el bono y deba ser renovado. Durante la crisis, el Ministerio de Transición Ecológica permitió la renovación automática de la ayuda, pero esa posibilidad ya desapareció y es necesario volver a solicitarlo cuando vayan cumpliendo los plazos.