Seremos felices, por derecho

El acuerdo firmado es de mucho mayor alcance que el de una simple investidura y constituye un auténtico pacto de legislatura. En el documento se habla de todo, de educación, de fiscalidad, de vivienda, de ayudas sociales etc. Es tan completo como omnisciente, de tal manera que los partidos 'kleenex' (PNV 'dixit') no tendrán que esforzarse nada ni pensar en nada y bastará con que estampen su firma en el margen inferior del texto. Eso es dar facilidades…

Le oí a la entusiasta vicepresidenta la presentación, creo que entera, del programa. Mencionó muchas decenas de veces la palabra 'derechos', envueltos todos ellos en ese magnífico y nuevo concepto del 'derecho a ser feliz', un estadio al que nunca había llegado el pueblo español antes de que apareciese ella. Para colmo de felicidad no hay en todo el texto ni una mínima exigencia de algún tipo de deber, nada relativo al esfuerzo personal y ni una sola mención al compromiso colectivo o a la responsabilidad ciudadana.

En el acuerdo se habla de todo menos de Cataluña y de la amnistía. Dos temas que al parecer no van a ocupar ni a preocupar a nadie en la legislatura que asoma. O quizás sea que está todo tan cocinado que solo falta servirlo a la mesa para deleite de los comensales, que somos todos aunque no vivamos en Ripoll. Por lo demás, todo es gratis, todo nos llega desde sus milagrosas manos de la misma manera que les caía el maná a los judíos en el Sinaí.

No solo es un espléndido compendio de medidas, el acuerdo establece también la factura del festín y determina quién ha de pagarlo. Tranquilo, la fiesta solo costará unos 10.000 millones de euros, pero no se alarme, no contamos con usted para conseguirlos. Van a salir todos de las empresas. Por malas. Por egoístas. Por insolidarias. La CEOE ha dicho que 'el plan es un atropello'. Pues mucho mejor, a ver si se enteran de una vez que este Gobierno, y el siguiente más, no les considera bienvenidas al nuevo mundo que alumbrará este acuerdo.

Vayan a Repsol, que ha reducido sus beneficios un 14% pero va a seguir castigada con el impuesto 'transitorio' (gran ironía) a las energéticas. Nadie se fija en que es la empresa que más invierte del Ibex. Eso no importa. Al Gobierno le da igual. A Josu Jon Imaz, su consejero delegado, no. Por eso lanzó una advertencia en el sentido de que la empresa podría replantearse el destino de sus inversiones si se mantiene la inestabilidad y la incertidumbre regulatorias. Imaz tiene que decidir sobre inversiones mil millonarias con grandes periodos de maduración, que requieren marcos regulatorios estables y previsibles.

El gran problema que tiene Josu Jon es que, además, tiene que dar explicaciones permanentes de sus decisiones y mostrar sus resultados y piensa hacerlo durante muchos años. Los ministros no. Van al Parlamento, en donde nadie se fija en los descargos presupuestarios, y para cuando sus decisiones equivocadas arruinen el panorama se habrán retirado por alguno de los trampantojos de las innumerables puertas giratorias a su disposición.

La vicepresidenta Calviño aseguró el jueves que las empresas han de estar agradecidas con el Gobierno por la estabilidad que les ofrece. Le juro que consiguió evitar la carcajada y ni siquiera se sonrió. Es lo que proporciona la profesionalidad. Pero le aseguro que los empresarios no pudieron disimular un rictus de asombro ni una mueca de desagrado.