¿Cuánto deben ganar las empresas?

El primer punto es demasiado simple, pues nunca se toma en consideración, a la hora de calificar el monto de los beneficios, aspectos tan relevantes como el riesgo implícito de la actividad, la cuantía de las inversiones necesarias, el costo de su financiación... etc. El segundo punto es crucial. La defensa del libre funcionamiento del mercado está protegida por todo un enorme edificio legal compuesto por normas emitidas tanto por el Gobierno como por las instituciones europeas, ya que se trata de un pilar, probablemente el más sólido, sobre el que se asienta la economía de mercado libre. Una libertad económica que, al menos por ahora y hasta nueva orden, es el sistema que seguimos. Además de las leyes, hay un conjunto de organismos, desde la CNMC en España hasta la Dirección General de la Competencia, en la UE, que se encargan de vigilar su cumplimiento.

De tal manera que el asunto es muy sencillo. Si las empresas incumplen las leyes de la competencia hay que aplicarles la ley e imponerles las graves penas previstas en ella. De tal manera que si el Gobierno conoce esta situación fraudulenta y no toma medidas ante ella, estaría prevaricando. Como tal cosa no sucede, no hay más remedio que concluir que esas acusaciones son parte de una campaña de descrédito basada en falsedades. Y si cumplen las normas, pero es el propio sistema el que permite los abusos, ¿por qué no lo cambia? Es difícil encontrar dos sectores, como el bancario y el energético, que están tan regulados y tan intervenidos por la acción vigilante de la administración.

A partir de ahí, si las empresas cumplen las normas y no solo las mercantiles, sino también las laborales, las fiscales, las medioambientales y las administrativas y si han contratado a miles de personas, comprado millones de euros a sus proveedores y pagado a las distintas haciendas en las que operan, ¿qué deben hacer? ¿Quizás procurar que sus accionistas -que son quienes han pagado las inversiones y asumido el riesgo de su financiación-, se aprovechen de la buena gestión realizada y obtengan unos beneficios que volverán a tributar como corresponde, primero en el IRPF y después en Patrimonio, si son suficientemente cuantiosos y se ahorran? ¿O eso es un escándalo intolerable que no se puede permitir, como consideran los que nunca han arriesgado y nunca han emprendido, muchos de los cuales viven del esfuerzo de quien si lo ha hecho? El Gobierno, con la audaz vicepresidenta segunda a la cabeza, miente cuando asegura que pagan tan solo el 3% de sus beneficios. Y lo saben. Lea las memorias de las propias empresas, que ahora incluyen los pagos fiscales de cada país en el que operan y lo comprobarán.

¿Es más progresista pagar impuestos al Gobierno que salarios a los empleados, dividendos a los ahorradores y bienes a los proveedores? ¿Quien los administra mejor? Si le queda alguna duda, repase la realidad empresarial de los países más avanzados (EE UU, Japón, Alemania, etc...) y se le disiparán. En casos extremos, repase la situación de bienestar social de los países que acosan a sus empresas o las ponen en manos de dirigentes políticos ahítos de rencor y soberbia y carentes del mínimo rigor profesional (Cuba, Venezuela, Argentina, etc...). Y ya, en supuestos desesperados, recuerde hacia que lado saltaban los alemanes el Muro de Berlín.