¿A quién ayudan las ayudas?

Más complicado es el plano interior. Aquí se nos juntan dos amenazas que están muy relacionadas entre sí. Por un lado tenemos una inflación enorme. Está muy bien fijarnos en que comparados con el resto de los socios comunitarios salimos muy bien en la foto. Pero no podemos olvidar que la inflación subyacente se mantiene en niveles peligrosos que impiden o, mejor dicho, que fuerzan la adopción de unas políticas monetarias de una dureza olvidada. Con el agravante de que desde la adopción de la política monetaria común, el Banco Central Europeo está obligado a fijarse, no solo, ni mucho menos, en la evolución de nuestros precios, sino en los generales de los países miembro de la Unión. Y ya sabe que así como sacamos pecho de nuestros datos, tenemos que apechugar con los precios reflejados en los demás socios que son más elevados.

Es una lástima que los deseos de la ministra de Igualdad de limitar el euríbor no deje de ser una aspiración muy chusca de nula viabilidad práctica.

Y, por otro lado, esa inflación que triplica el objetivo y presiona a los tipos de interés que, a su vez, han iniciado una escalada ciertamente incómoda. El mayor coste de la financiación modifica los comportamientos de consumo y, sobre todo, la relación con la vivienda. La comparación es tremenda. Ahora hace justo un año, en febrero de 2022, el euríbor se situaba en terreno negativo, del -0,35%, mientras que esta semana ha alcanzado el 3,6%. Eso explica el incremento de las hipotecas a lo largo del año, aceleradas las compras por el anuncio de las subidas y su desplome una vez confirmadas las mismas.

A su vez, esto de la inflación condiciona también a la política social. Un estudio del Banco de España conocido esta misma semana demuestra que las medidas de apoyo previstas para ayudar a 'la clase media trabajadora' lo han hecho más con las clases más elevadas. Estamos hablando de un total repartido de entre 3.400 y 4.000 millones de euros. Es mucho dinero que han aprovechado más los niveles de renta más elevados como consecuencia de los patrones relativos de consumo y del hecho de que el peso de la inflación soportada decrece según aumenta la renta disponible. El 30% de los hogares con menor renta han soportado una inflación del 11,3% frente al 9,7% del 30% de mayor renta. Los alimentos consumidos por el 30% con menores rentas han subido un 5% más que los comprados por el 30% de mayor renta. Y con los combustibles sucede exactamente lo mismo. La rebaja de los 20 céntimos han supuesto un desembolso de 5.500 millones de los que 1.377 han ido a parar a las personas incluidas en el 30% de arriba y solo 472 millones al 30% de abajo. El resto se lo han repartido los del medio. No todos viajan lo mismo y el consumo de un SUV de 3.000 c.c. no es igual al de un pequeño utilitario. Una evidencia que debería servirnos para planificar bien el despliegue del coche eléctrico.

A la vista de estos resultados, el Banco de España concluye que las medidas adoptadas para luchar contra la inflación han tenido un curioso e inesperado efecto regresivo y no han cumplido, por tanto, el fin con el que se adoptaron de ayudar a las personas más desfavorecidas. Una muestra más de que las intervenciones en los precios (bien directamente o bien través de la fiscalidad) provocan efectos indeseados y una nueva constatación de que el asunto requiere más análisis técnico y menos ideología barata. ¿Seremos capaces de asumirlo?