El Ibex-35 afronta un rechazo creciente a sus retribuciones en las juntas de accionistas

¿Qué es lo que se va a mirar en las próximas juntas? En primer lugar, que no haya pagos extraordinarios a los consejeros ejecutivos. Esta es una práctica especialmente penalizada en el mercado internacional y si la sociedad ya fue cuestionada en la anterior asamblea general tendrá que presentar un plan de acción que reconcilie a la compañía con sus inversores.

«Un mal desempeño en materia retributiva puede contaminar a los consejeros», advierte Carlos Sáez, porque se acaba votando en contra de los miembros de la comisión correspondiente. Las cotizadas españolas han hecho un intento de alinear sus políticas retributivas con los estándares internacionales, pero no tiene sentido que compañías que han despedido gente o reciben ayudas del Estado planteen subir la remuneración del primer ejecutivo, matiza el responsable para España de Georgeson.

En las juntas de accionistas celebradas en 2022 se produjeron rechazos históricos y está por ver qué ocurrirá en las juntas de accionistas a punto de iniciarse este año. Así, el informe de remuneraciones de los consejeros de Telefónica de 2021 recibió el año pasado un rechazo del 42,9% de los accionistas, incluyendo el voto en contra del fondo de inversión británico BlacRock. La causa principal de ese rechazo fue una gratificación extraordinaria de 22,6 millones de euros que se repartieron 156 directivos tras la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido y la venta de las torres de Telxius.

También hubo un fuerte rechazo en la junta de accionistas del Banco Sabadell del año pasado, cuando más del 38% votó en contra del informe de remuneraciones de 2021 –el entonces consejero delegado Jaume Guardiola recibió casi 24 millones por su jubilación y el presidente, Josep Oliu, percibió 9,3 millones tras dejar sus funciones ejecutivas–.

A su vez, Iberdrola recogió un rechazo que nunca había visto a las retribuciones de su Consejo –incluidos 13,2 millones para Ignacio Sánchez Galán–, con la oposición de casi una cuarta parte del voto. Hace años, las decisiones se aprobaban con muy altos porcentajes de apoyo. Ya no es así y empieza a haber rechazos del 10%, del 20% e incluso del 30%.

Fernando Gómez-Bezares, catedrático de Finanzas de Deusto Business School, explica que en el siglo XX y comienzos del XXI, la tendencia general era votar con los pies: si al inversor no le gustaba una empresa se iba. Pero, a partir de 2010, cada vez más los fondos y los accionistas intentan que la empresa haga lo que ellos creen que debe hacer, de ahí el peso creciente del activismo accionarial.

En general, los inversores activistas se preocupan de dos temas: los criterios ESG (medioambientales, sociales y buen gobierno corporativo, por su siglas en inglés) y la rentabilidad. Los criterios ESG «han llegado para quedarse y, además, ligando a ellos las retribuciones», asegura Carlos Sáez.

También Borja Miranda, director de M&A and Activismo para Europa de Morrow Sodali, considera que los aspectos orientados al ESG o vinculados con la sostenibilidad son, sin duda, el centro de futuras exigencias. La tendencia de campañas de activismo es creciente, –aunque en España no hay tanto impacto como en Estados Unidos, Reino Unido o Francia–, vigilando temas de gobernanza, clima, remuneraciones, estrategia y dividendos.

Gómez-Bezares puntualiza otras cuestiones en las que fijarse: el abanico de remuneraciones, que la empresa cumpla con Hacienda y no haga políticas agresivas de deslocalización de impuestos, y que no tenga muchos conflictos legales con sus clientes o con el Estado.

Lo que está demostrado es que las empresas que son más cuidadosas en temas ESG tienden a ser más rentables que el resto de empresas. A largo plazo las dos cosas van unidas.

En todo caso, hay un motivo que puede tranquilizar al Ibex-35. La evolución en Bolsa puede verse afectada por problemas de reputación, reconocen desde Georgeson, pero no por votos críticos de activismo accionarial.