Hacienda recuperará el Presupuesto vetado en 2019 para tenerlo listo en semanas

Sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, la legislatura, que ya cuenta con el presidente del Gobierno elegido por las Cortes, poco puede avanzar. Por eso, el Ministerio de Hacienda ya tiene bastante trabajo adelantado para presentar un proyecto de cuentas públicas con el que afrontar 2020. Lo harán utilizando como base los Presupuestos que el Gobierno presentó a principios del año pasado y que ni siquiera superaron las enmiendas a la totalidad, por lo que no fueron tramitados en el Congreso.

Las líneas estratégicas de las cuentas públicas reflejarán las que ya se encontraban marcadas en ese texto que quedó en el olvido, que contaba con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos tras el pacto entre Sánchez y Pablo Iglesias. El rechazo del legislativo derivó en la convocatoria adelantada de las elecciones. Ahora esas cuentas contendrán matices, pero sin grandes cambios porque el veto a aquella propuesta fue más político (ERC las rechazó tras la polémica del relator) que económico, como admiten desde el Ejecutivo.

Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer antes de la votación de investidura que el «armazón» de la previsión presupuestaria se ha venido trabajando en su departamento en los últimos meses centrados en el campo de la recaudación. Es decir, en los ingresos que prevé el Estado para este ejercicio marcado por un crecimiento económico que previsiblemente bajará del 2%, aunque con las nuevas figuras tributarias prometidas por Pedro Sánchez en su discurso de investidura: subida del IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros al año; tasa a las transacciones financieras; elevación del tipo del Impuesto de Sociedades para las corporaciones; tasa digital; y fiscalidad medioambiental. En los anteriores presupuestos que no llegaron a materializarse el Gobierno preveía que todas esas medidas tributarias implicarían un alza de 5.654 millones en la parte de los ingresos.

Ahora, tal y como admitió ayer Montero, habrá que cuadrar los gastos, sobre todo para que recojan las prioridades del acuerdo programático entre PSOE y Podemos -«estarán dirigidos a las personas», indicó Montero-, como con la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo o la mejora de la dependencia. Pero también deberán atender a los compromisos con los grupos que ayer dieron su 'sí' a Sánchez: PNV, Compromís, Nueva Canarias, BNG o Teruel Existe.

El Ejecutivo elevó el techo de gasto un 4,4% hasta los 125.064 millones de euros. Antes de presentar los Presupuestos de este año, Hacienda deberá volver a superar esa criba para después tramitar las cuentas públicas. Lo hará en semanas porque, como dijo ayer Montero, «no hay tiempo que perder». La tramitación de los Presupuestos podría estar lista en este primer trimestre del año. Fuentes económicas del Gobierno confían en que con el dinamismo que sigue mostrando la economía -aunque sea menor que en otros años- y los nuevos impuestos, se pueden cubrir las necesidades de gasto, aunque nadie asegura que puedan ser aún superiores.

En cualquier caso, Montero insistió ayer en que los presupuestos tendrán un «ineludible compromiso» con las reglas fiscales que marca la Unión Europea. La senda de consolidación comunicada por el Gobierno a Bruselas prometía cerrar este año con un déficit del 1,1% sobre el PIB. Sin embargo, incluía una excepción y lo situaba en el 1,7% atendiendo «al escenario inercial» al no existir Presupuestos. Aunque era «voluntad del Gobierno presentar los de 2020 tan pronto como sea posible», rezaba el cuadro macro remitido en octubre a la Comisión. Aunque todavía no hay cifras del cierre de 2019, el Banco de España ha estimado que el déficit se situará en el 2,5%, el mismo nivel que en 2018.

Dependiendo de cuál sea finalmente el resultado del déficit del año pasado, Hacienda deberá acometer un ajuste en las cuentas de mayor o menor medida para alcanzar el objetivo de la senda de consolidación fiscal remitida a Bruselas. Aunque España ya no se encuentra bajo el brazo corrector de la UE, al tener un déficit inferior al 3%, el 1 de enero entró en vigor la norma constitucional que impide que las Administraciones puedan incurrir en un agujero presupuestario según los márgenes fijados por Bruselas.