Hacienda ve margen para mantener algunas ayudas anticrisis por la buena marcha de los impuestos

El Secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha admitido que «algo de margen nos podemos encontrar» a final de año si la recaudación evoluciona en línea ascendente, tal y como lo está haciendo estos últimos meses. Lo ha afirmado al responder a varias cuestiones sobre las ayudas en el marco del encuentro de APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) en el que ha participado este jueves. Es decir, que si los ingresos mejoran se abre el abanico de posibilidades para no tener que acabar con todas las medidas en vigor al unísono. «Si la recaudación iba creciendo un 4,5% en septiembre y veremos menos devoluciones de IVA que gestionar en octubre, probablemente superaremos la barrera de crecimiento del 5%» de la recaudación en términos interanuales. «¿Qué margen representa eso? -se ha preguntado. Es complicado, pero los datos no son malos» para afrontar este fin de año.

Aunque el número dos de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha querido entrar en qué decisión final se tomará, sí ha aclarado que será casi 'in extremis' cuando finalice diciembre. «La decisión se tomará en el último minuto, siempre que sea compatible con la senda de reducción del déficit y la deuda», ha advertido.

La duda se cierne desde hace varios meses sobre qué decisión final tomará el Ejecutivo -ya se el actual, en funciones, o uno nuevo si sale adelante la investidura de Pedro Sánchez- acerca de estos programas millonarios que llevan en vigor desde que comenzó la guerra en Ucrania, en marzo del año pasado. Las rebajas del IVA de los alimentos y de la luz, la reducción del impuesto eléctrico, las bonificaciones del carburante a los transportistas y otras medidas son las que ahora se cuestionan por su imapcto en las arcas públicas casi dos años después de su puesta en marcha.

Coincide, en parte, con el mensaje lanzado con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien abogaba este mismo lunes por una retirada gradual de las ayudas. En un encuentro con economistas para abordar el impacto de la subida de precios, recomendó «evaluar el impacto» de estas iniciativas públicas «de forma individualizada». No abogó la ministra de Trabajo por una retirada total de todo el programa puesto en marcha desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Díaz advirtió que suprimir todo el programa en vigor «tiene un impacto de 1,5 puntos sobre el IPC». «Esto es algo que nos preocupa», insistió la vicepresidenta segunda frente a los economistas. En concreto, defendió mantener la bonificación al transporte público o la reducción del IRPF a rentas inferiores a 21.000. Sobre el IVA de los alimentos y de la electricidad se limitó a pedir «estudiar» su retirada para que Moncloa tome una decisión final antes de fin de año.

Por otra parte, el Secretario de Estado de Hacienda ha anticipado que la prórroga del impuesto extraordinario a la banca y energéticas incluido en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar tendrá que ser «evaluado» antes de tomar cualquier decisión acerca del mismo. Y ha anticipado que «no necesariamente debe seguir en vigor de la misma manera que está ahora. Se pueden plantear ajustes teniendo en cuenta que la situación económica puede variar», ha explicado. «Hay que ver si en otro periodo con previsiones económicas distintas deberíamos variar los parámetros para ver la nueva realidad», ha indicado.

Tanto los ejecutivos de la banca como los de las energéticas han ido aprovechando las presentaciones de resultados estos últimos días para criticar el anuncio de la prórroga de un impuestos por el que Hacienda ha recaudado este año 2.900 millones de euros.

Por ejemplo, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha apuntado que prorrogar el gravamen «no es buena idea» ya que supone «pegarse un tiro en el pie» ante la función clave de la banca para el funcionamiento de la economía española. Lo hace el ejecutivo de un banco en el que el propio Estado participa en un 16% del accionariado. Por su parte, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha criticado lo que tendría efectos sobre la inversión. El impuesto «crea está noción de que las reglas no hacen más que cambiar», ha indicado el ejecutivo.

El caso más llamativo ha sido el de Repsol, donde ya han confirmado que tienen proyectos congelados a la espera de que se aclare el entorno «regulatorio y fiscal» para decidir qué hacer con esas instalaciones. Así lo indicó el presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atxurra, al afirmar que hay inversiones que «tienen que estar en 'stand by'», esto es, congeladas, si no hay un marco regulatorio «estable y previsible».