La inspección de Hacienda se fija en los negocios de la 'gig economy'

Ya el año pasado, Hacienda lanzó una campaña de inspecciones en negocios de economía digital en los sectores del alquiler o el transporte, como Airbnb, Uber o Cabify. Y para 2019 quiere incluir nuevos modos de prestación de servicios profesionales en un sector que ha sido denominado como 'gig economy'. El término 'gig' procede de la jerga musical y se puede traducir como 'bolos'; en el mundo económico alude a los trabajos esporádicos, para un proyecto concreto, o encargos de una duración determinada dentro de la empresa contratante.

La deslocalización (trabajar para un empleador que se encuentra a miles de kilómetros) es una de sus características. La 'gig economy' nació en Estados Unidos hace una década y, según un informe de McKinsey, entre el 20 y el 30% de la población activa en Estados Unidos y Europa participa en ella. También se continuará con las investigaciones en otras nuevas actividades como la «triangulación de envíos», un tipo de venta al por menor donde el minorista no guarda los bienes en su inventario, sino que toma y pasa el pedido al mayorista, que despacha las mercancías directamente al cliente final.

Nuevos negocios y, por supuesto, nuevos instrumentos. La Agencia Tributaria siempre ha destacado por el uso de los medios informáticos y tecnológicos tanto en la vertiente de asistencia al contribuyente como en el área de inspección. Pero siempre se puede dar un paso más. Y eso lo sabe el director de la AEAT, Jesús Gascón, que está decidido a potenciar la utilización intensiva de las tecnologías de la información y de la inteligencia artificial en el control tributario.

En este sentido, utilizarán herramientas de informática forense que ayuden al descubrimiento del borrado de datos y aplicaciones, así como el análisis de las trazas de datos de las aplicaciones borradas o modificadas y volcados de memoria. Uno de los objetivos es revelar la ocultación de ventas y la manipulación de la contabilidad por parte de determinadas empresas o negocios que llevan una doble contabilidad para ocultar ingresos al fisco, para lo que se valen de programas y herramientas informáticas específicas. Además, se realizarán análisis de riesgo sobre empresas que realizan comercio electrónico y aquellas que alojan sus datos en la nube para actuar sobre potenciales defraudadores.

Al igual que ya están haciendo las entidades financieras y muchas otras empresas para explotar los datos que conocen de sus clientes, la Agencia Tributaria también desarrollará nuevos modelos de detección de fraude basados en técnicas analíticas y en el análisis de redes mediante técnicas de 'big data'. La AEAT fue pionera en el cruce de datos informatizado, de los que obtiene patrones, discrepancias... señales que 'chivan' un posible fraude fiscal.

Esos 'chivatos' saldrán también este año del análisis de toda la información que ponga de manifiesto la titularidad de patrimonio o capacidad adquisitiva. Se trata de descubrir manifestaciones de poder adquisitivo no acordes con los bienes declarados y la disponibilidad de activos en el exterior. El propósito es seleccionar declarantes de riesgo asociados a grandes patrimonios, actuar sobre planificaciones fiscales agresivas y el uso de sociedades interpuestas.

Por otro lado, realizará un control extensivo de los contribuyentes en módulos; en especial de las operaciones inusuales o de importe excesivo que vinculen a los empresarios en módulos con otros empresarios o profesionales en estimación directa y de los que intente artificialmente permanecer en módulos.

A su vez, Hacienda proyecta determinar el valor de mercado de 78 millones de inmuebles que aunque no se utilizará como referencia para el cálculo del IBI (seguirá siendo el valor catastral) sí podría servir para valorar operaciones de compraventa declaradas al fisco o incluso para comprobar cuán alejado está el valor catastral del de mercado. Además, se revisarán los valores catastrales de 6,1 millones de inmuebles, probablemente muchos de ellos al alza y estos sí se aplicarán en el IBI.