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El Gobierno reactiva el debate sobre el nuevo modelo de peajes que regirá las carreteras españolas a partir de 2024, según el compromiso adquirido con Bruselas dentro del Plan de Recuperación. Al Ejecutivo no le queda otra que acelerar las negociaciones, tanto con oposición como ... con sectores afectados como los transportistas, para tener lista la propuesta antes de que termine marzo de 2022.
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Así lo exige Bruselas en el acuerdo operativo que se hizo público el miércoles y que incluye algunos matices respecto a lo que se conocía hasta ahora respecto a la forma y el fondo para acceder a los fondos europeos. En junio de este año, el documento marcaba que la propuesta del Ejecutivo debía estar lista en el primer semestre del próximo año. Ahora, se concreta que antes de marzo deben presentar su propuesta del -como prefiere llamarlo el Gobierno- 'pago por uso en carreteras'.
Entonces, con José Luis Ábalos al frente todavía del Ministerio, el Gobierno defendió a capa y espada que la polémica medida solo se pondría en marcha si había consenso entre lo spartidos políticos. Un mensaje que se sigue defendiendo ahora, pero con mayor presión en los plazos para alcanzar un acuerdo.
La actual ministra del ramo, Raquel Sánchez, ha insistido este mismo jueves que el pago por uso será «consensuado» con los partidos y los agentes económicos, para incluirlos en la nueva Ley de Movilidad que será presentada en unos meses. En el mismo sentido se ha manifestado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha confiramdo que el Gobierno trabaja en un sistema que permita financiar el mantenimiento de las vías de alta capacidad de una forma «justa».
Durante una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE, Calviño ha explicado que dialogarán y negociarán el nuevo modelo, que primero será tarnsitorio y luego irá hacia uno permanente. «Yo espero que todos los grupos políticos actúen con responsabilidad», insiste.
Pese a todo, los transportistas denuncian que en Transportes aún no se ha sentado con ellos para negociar la tarificación de las carreteras en un momento especialmente complicado tras la aprobación de la euroviñeta que grava los vehículos ocntaminantes en la Unión Europea y la subida de los precios de los carburantes. Un aumento de costes que, sumado a la falta de personal, ha desembocado en la convocatoria de una huelga de tres días justo antes de Navidad por parte de los transportistas.
Aunque desde el Ejecutivo insisten en que «hay tiempo» para encontrar una solución antes de los paros, la situación es prácticamente insostenible para el sector, que ahora debe negociar en una carrera contrarreloj cómo quedará su papel en el nuevo sistema de peajes que se pondrán en marcha en 2024.
La propuesta en la que trabaja el Ejecutivo recoge dos modalidades de pago. Por un lado, la viñeta, que funcionará como una tarifa fija sin tener en cuenta los kilómetros que se realizan. Después, llegará el pago por kilómetro recorrido que, según los estudios internos de Transportes, impondría el modelo de un céntimo por kilómetro. Por ejemplo, recorrer los 620 kilómetros entre Madrid y Barcelona tendrían un coste de 6,20 euros.
El objetivo del Gobierno es acabar con el enorme agujero que supone mantener los 26.466 kilómetros de carreteras españolas, de los que unos 12.000 son de alta capacidad. Los datos que maneja el Ejecutivo apuntan a que ese coste ronda los 11.000 millones de euros. Y el déficit generado se acerca ya a los 8.000 millones. «Para hacerse una idea, el coste de mantenimiento de un tramo de 400 kilómetros ronda los 200 millones de euros», señalan desde el Ejecutivo.
Recuerdan, además, que hasta 23 países europeos tienen tarificado el cien por cien de su red de autovías. Alemania, por ejemplo, implantó en 2018 el peaje en todas sus carreteras federales de 38.000 kilómetros de extensión. Solo Chipre, Malta, Finlandia y Estonia mantienen toda su red 'gratuita'.
En el caso español, las carreteras de peajes han pasado de 3.304 a 2.207 kilómetros tras las últimas reversiones, pero el país aún concentra el 73,5% de toda la red libre en Europa, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).
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