El Estado rescatará empresas «estratégicas» de salud, comunicaciones e infraestructuras

Esa fue una de las medidas que ayer salieron de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, donde se puso en marcha un plan millonario para lograr la «reactivación» de la economía y evitar su hundimiento tras el confinamiento, según señalaba el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una solemne presentación del programa.

La herramienta de rescate público será el nuevo Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, un instrumento que estará dotado con 10.000 millones de euros y cuyo objetivo es aportar apoyo «temporal» –primer matiz– para reforzar la solvencia de empresas afectadas por la pandemia. Otra diferencia con respecto a la crisis anterior: no supondrá un respaldo al sector bancario, cuyas entidades quedan excluidas de la medida. La nacionalización llegaría si el porcentaje de participación del Estado es determinante en la toma de decisiones de la empresa, como ocurre en Bankia desde 2013.

Lo que sí hará el Estado será adentrarse en el accionariado de estos grupos estratégicos. Lo hará a través de la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a través de préstamos participativos, la adquisición de deuda subordinada o la suscripción de acciones u otros instrumentos de capital. Es decir, no se trata de subvenciones, sino de participaciones societarias a través de diferentes fórmulas.

El presidente del Gobierno defendía que la finalidad del fondo es garantizar la continuidad y solvencia de empresas que atraviesan severas dificultades por la Covid-19, pero son «perfectamente viables y solventes y constituyen el corazón del tejido productivo y productivo». Y apuntaba varios sectores en los que el Estado podría participar: la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

La medida iba a implicar también una importante condicionalidad, la prohibición de repartir dividendos si eran auxiliadas por el Estado. Así lo contenía la iniciativa del PSOE en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso. Pero ayer a última hora, el grupo socialista, tras pactar con Ciudadanos, eliminaba de las conclusiones esa exigencia que dos días antes había apoyado.

En cualquier caso, el importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que realice el Estado se ingresarán en el Tesoro.

Tres meses y medio después de decretar el confinamiento , el Gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa otro programa millonario para que la actividad «vuelva al crecimiento y a la recuperación» tras la pandemia, según ha indicado Pedro Sánchez.

Por ello, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la creación de una nueva Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 40.000 millones de euros. Va dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. Esta nueva línea del ICO llega después de la de los 100.000 millones avalados para dotar de liquidez a las empresas.

Además, ha aprobado los 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos' para impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior. También ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a la actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta 12 meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito.

También ha arrancado definitivamente el Plan Renove 2020 para la adquisición de vehículos eficientes a cambio de entregar un coche con más de diez años de vida. El plan está dotado con 250 millones con ayudas que van desde los 300 hasta los 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de 20 años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros.

El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito habilitado a tal efecto. Como novedad, lo podrán solicitar quienes hayan adquirido un vehículo desde el pasado 16 de junio, día en el que se presentó por parte del Ejecutivo. Se estima que este plan va a tener un impacto económico para España de 1.104 millones a lo largo de toda la cadena de valor y de los servicios asociados, y que va a contribuir al mantenimiento de 7.400 empleos en el sector.

El conjunto de medidas tratadas en este Consejo extraordinario también se ha centrado en el sector turístico. Por una parte se ha puesto en marcha el sistema de financiación de proyectos para la digitalización y la innovación con una dotación de 216 millones en 2020. Se prevé la concesión de un máximo de 1.100 préstamos para cada ejercicio presupuestario, tomando como base un préstamo medio de 200.000 euros.

Además, se ha aprobado la creación del instrumento denominado 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos'. El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior. En tercer lugar, se ha aprobado una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística, a través del otorgamiento de un periodo de moratoria de hasta doce meses para las operaciones financieras de carácter hipotecario suscritas con entidades de crédito. Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria.