El Gobierno trata de evitar la fuga de industrias con una rebaja en el coste de su electricidad

Ante la posibilidad de que otras firmas amenacen con recorrer ese mismo camino, y después de muchos años reclamando una actuación para abaratar la electricidad que consumen, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto de medidas urgentes, entre las que incluye el desarrollo de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo en un plazo de seis meses. Esa norma recogerá un régimen específico donde se incluirán las industrias con un elevado uso de electricidad, un consumo alto en determinadas horas de baja demanda eléctrica del sistema y un consumo estable y predecible.

Además, se modifica la reforma de la ley energética que el Ejecutivo anterior implantó en 2013, al permitir la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas, con lo que se permitirá una «reducción de costes» de la luz para la mediana y gran industria concentrada en determinadas zonas, como ocurre en Tarragona o Huelva, entre otros puntos. Podrán usar un sistema de distribuición de luz compartido siempre que no afecte al suministro general de toda España.

El Ejecutivo también ha optado por autorizar la prórroga de las instalaciones de cogeneración que utilizan combustibles renovables o gas natural, aunque hayan superado su vida útil después del 1 de enero de este mismo año. Esta ampliación será de otros dos años, como máximo.

Desde el sector habían venido planteando al Gobierno actual y al anterior la necesidad de acometer una rebaja en sus facturas energéticas para poder ser competitivos con respecto a otros países europeos. El coste de la electricidad es uno de los pilares por los que muchas compañías deciden establecerse en un país, o trasladarse a otros. Ante esta realidad, la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha marcado como objetivo que la industria tenga un peso del 20% en el PIB -ahora se encuentra por encima del 16%- «de una forma más rápida que hasta ahora», alegando que es un sector donde el empleo es más estable y con mayor uso de tecnología.

Pero al mismo tiempo que estas empresas podrían beneficiarse de una factura de la luz adaptada a sus intereses, el Gobierno les obligará a que mantengan su actividad en España como compensación. Reyes Maroto ha indicado que las firmas que sean beneficiarias de este tipo de ayudas deberán «mantener la actividad productiva al menos tres años y al 85% de su plantilla». La ministra considera que este requisito «es muy positivo» porque «no siempre las medidas de apoyo estaban condicionadas a algo». El primer caso en el que se establecerá esta obligación será con las industrias beneficiaras de las subvenciones para la compensación por los costes de emitir dióxido de carbono (CO2), que se abonarán antes de que finalice este año.

Los responsables de la gran industria ya habían criticado con dureza el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, en el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica, al considerar que solo se nombra una vez el término «precio» en referencia a los costes eléctricos que asume el sector. Desde la patronal siderúrgica Unesid, que concentra a varios de los mayores consumidores de energía del país, han recordado insistentemente en que la luz supone en algunos casos más de la mitad de los costes totales de la cuenta de resultados.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros también se encuentra la prórroga de la normativa que permtie la jubilación parcial simultáneamente con un contrato de relevo, dado que el plazo para esta modalidad terminaba el próximo día 31.

El Gobierno considera que con esta medida la industria española renovará su plantilla y tendrá capacidad para bordar su «necesaria» digitalización y eficienca ener´etica, con la que se podrán asegurar, al menos, 70.000 puestos de trabajo.