La suspensión del impuesto a la luz se limita a seis meses y ahorrará un 4% del recibo

El Gobierno ha derogado ese 'impueso al sol', una tasa que se imponía al autoconsumidor por la energía generada en sus placas y consumida en su propia instalación. Las grandes compañías eléctricas rechazaban eliminar ese pago alegando que cuando esas viviendas no dispongan de su propia corriente, al no haber podido generarla por falta de sol, tendrán que conectarse a la red general, como el resto de consumidores, con sus correspondientes peajes.

Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica entiende que esta medida era necesaria porque hasta ahora las restricciones «han dificultados y desincentivado» la implantación de ese sistema de autoconsumo en España. Además, el Ejecutivo ha simplificado los trámites, como la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción para aquellas no superiores a 100 kilovatios; y se reconoce el dercho al autoconsumo compartido.

Con esta decisión, la ministra Teresa Ribera ha anticipado el fin del 'impuesto al sol', tal y como lo había anunciado en el Congreso a mediados de septiembre, aunque entonces indicó que se pondría en marcha el fomento del autoconsumo «antes de final de año». El decreto-ley debe pasar ahora por el trámite parlamentario, donde necesita el apoyo mayoritario del Congreso, aunque el Ejecutivo cuenta con que los grupos que firmaron antes del verano una proposición no de ley para apoyar el autoconsumo le respalden ahora en esta decisión, sin el PP.

Por otra parte, Ribera ha llevado al Consejo de Ministros el resto de iniciativas con las que se pretende atajar en la medida de lo posible la subida que el precio de la luz ha experimentado en las últimas semanas: bono social eléctrico mejorado; nuevo bono de gas; y medidas de protección a los consumidores, además de la suspensión de dos impuestos que cargan el recibo mes a mes.

Cuando se apruebe el decreto, dejará de aplicarse el impuesto a la generación (el que grava con un 7% la producción energética, que abonan las compañías y lo trasladan al precio diario) así como el impuesto de hidrocarburos para la producción de luz. Teresa Ribera estima que el ahorro medio para un hogar será del 4% sobre el conjunto de la factura. También resulta relevante que esta medida estará en vigor durante seis meses, el plazo que se da el Gobierno para desarrollar la normativa de transición energética. Por eso, recuerda que la suspensión de ambos impuestos «es una medida de alivio, que se pondrá en marcha en los meses de invierno», cuando el consumo de luz aumenta y también lo hacen los importes de las facturas.

En el caso del bono social de la luz, se prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono.

Además, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales. Es decir, los límites de renta serán de 15.039 euros al año (si no hay menores); 18.798 euros (con un menor); y 22.558 euros (con tres menores), como ya ocurría con las víctimas de violencia de género o de actos terroristas.

Los límites de consumo de energía con derecho a descuento se amplían un 15%. Esos límites se encuentran fijados en un consumo de 1.200 Kwh para hogares de una sola persona; 1.680 Kwh para familias con un menor a cargo o pensionistas con prestaciones mínimas; 2.040 Kwh, con dos menores; y 3.600 Kwh para familias numerosas. El ministerio quiere que esas restricciones «se ajusten mejor a la realidad para acercarlo a los consumos medios» que tenga un cliente de PVPC, apuntan fuentes gubernamentales. Una familia de dos hijos puede realizar un consumo que se sitúa entre los 3.000 y los 3.600 Kwh, dependiendo de las condiciones de la vivienda y de la comunidad en la que resida.

Además, se va a poner en marcha un bono térmico, al que se podrán acoger los consumidores que tengan derecho al eléctrico, en las mismas condiciones. Se trata una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen, como el gas o el butano, entre otros.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría).

La norma aprobada hoy también prorroga el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores que estuvieran acogidos al bono social antiguo, cuyo plazo de renovación acababa el próximo 8 de octubre. El nuevo plazo es el 31 de diciembre. De esta manera, quien solicite la renovación del bono después de 8 de octubre y cumpla los requisitos no verá interrumpido el acceso al descuento.

En materia de protección al consumidor, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria a las que puede acceder. Son dos: tarifas con precios de la electricidad dividido en dos tramos, punta y valle; o en tres tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, en torno a 660.000 de los 11,1 millones de usuarios adscritos a la tarifa de precio regulado se acogen a tarifas con discriminación horaria.

Los análisis indican que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales, pudiendo ser aún mayor si se adoptan hábitos de consumo eficiente. De hecho, siete de cada diez usuarios que optan por este sistema de tarificación tienen en cuenta la división entre periodos para sus decisiones de consumo.