El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la prórroga parcial para el año que viene del 'escudo social' que se empezó a aplicar hace dos años para paliar el impacto de la crisis y de la subida de la inflación debido a la guerra Rusia- ... Ucrania. El Gobierno de coalición se ha debatido hasta el último momento entre mantener las ayudas (una exigencia sobre todo de Sumar) y la necesidad de reducir su impacto recaudatorio para poder reducir el déficit público hasta el límite del 3% del PIB en 2024 que exigen las reglas fiscales europeas que vuelven a estar en vigor en el próximo ejercicio.
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La conclusión ha sido una prórroga parcial de algunas medidas y el inicio de una subida progresiva de los impuestos que se bajaron para reducir la factura de la luz y el gas ante la caída paulatina de los precios de la energía. En concreto, el IVA en la tarifa de la luz, que se había reducido hasta el 5%, pasará a ser del 10% a partir de enero y estará así todo el año, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El IVA del gas subirá al 10% en enero y recuperará el nivel normal del 21% pasado el primer trimestre, cuando haya acabado el invierno. Además, se prorroga por seis meses la reducción al 80% de los peajes eléctricos de la industria electrointensiva.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció también tras el Consejo de Ministros que se mantendrá el IVA al 0% en alimentos básicos como el pan, los huevos, la harina o la leche y al 5% en pasta y aceites.
Sánchez destacó dos medidas nuevas: la eliminación de las comisiones bancarias por retirada en efectivo en ventanilla para personas con discapacidad o personas mayores. Y la posibilidad de que las comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen puedan gestionar el ingreso mínimo vital.
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Actualmente, los hogares españoles se benefician de la bajada del IVA al 5% en sus recibos, así como de la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% (su tipo normal es el 5,11% que llega al 6,18% en tasa real) y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la electricidad (cuyo tipo es del 7%). Todas esas rebajas implican una pérdida recaudatoria de unos 3.000 millones de euros anuales, según cálculos del Banco de España. La Autoridad Fiscal (AIReF) ha advertido al Gobierno que España solo cumplirá con el límite del déficit en 2024 si se retira el grueso del paquete. Sumar ha apretado al Ejecutivo para mantener la rebaja en la factura al menos durante el invierno, especialmente medidas como el descuento en el bono social eléctrico, establecido desde octubre de 2022 en el 65% para el consumidor vulnerable y en el 80% para las familias con mayores apuros. Concretamente, el bono social se extendió a aquellos consumidores titulares cuya renta conjunta anual de la unidad de convivencia fuera igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). En este camino, el Gobierno ha pactado con EH Bildu mantener la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias. El acuerdo incluye prolongar la prohibición de desahucios a estas familias hasta 2025 .
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En la decisión de ir subiendo progresivamente los impuestos en la factura de la luz no solo ha influido el coste recaudatorio que conlleva sino también que en la actualidad el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada es bastante inferior al que se registraba hace un año y es siete veces inferior al de hace dos años. En concreto, el precio promedio de la luz de este 27 de diciembre en tarifa regulada vinculada al mercado mayorista es un 30% inferior al registrado hace un año, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
En cuanto a la denominada 'excepción ibérica', que supone poner un tope al gas y que está vigente hasta el 31 de diciembre, decaerá a partir del año que viene porque la Comisión Europea considera que no «es posible llevarlo a la práctica» más allá. En realidad, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación
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Este nuevo paquete de medidas será el octavo impulsado por el Ejecutivo -que los ha ido aprobando por decreto cada seis meses- para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47.000 millones de euros. Este nuevo decreto anticrisis prorrogará, en el ámbito laboral y de acuerdo con Sumar, las medidas vinculadas con el disfrute de las ayudas públicas, que expiraban el 31 de diciembre. De esta manera, las empresas que hayan recibido ayudas directas o por ERTE y que despidan alegando causas como el aumento de los costes energéticos estarán obligadas a reintegrar las ayudas recibidas.
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