El Gobierno renombra el tope ibérico en las facturas para amortiguar las quejas

Desde que se puso en marcha el tope ibérico (la limitación del precio del gas para generar luz en España y Portugal) a mediados de junio, los hogares han comenzado a recibir facturas con un nuevo importe adicional denominado como «cargo», «tasa» y otros conceptos, dependiendo de cada eléctrica, con un coste total, y sin más explicación. Varias asociaciones de consumidores han venido expresando al Ministerio de Transición Ecológica las quejas generadas entre los clientes por este nuevo concepto, que en muchos casos era desconocido. Por eso, el Ministerio lo definirá «de forma normalizada», según ha indicado la ministra Teresa Ribera, para que aparezca en el recibo «sin calificativos creativos por parte de las compañías», y que hará referencia al «mecanismo ibérico del coste de la energía», descartando cualquier tipo de término que induzca a que se trata de un nuevo impuesto o tasa por parte del Ejecutivo.

Además, en aras de la transparencia que pretende modificar el Gobierno en las facturas, las comercializadoras eléctricas deberán incluir el precio actualizado del mercado mayorista, el coste del ajuste del gas por el tope ibérico, y cuál habría sido el coste a pagar por la luz sin este mecanismo que autorizó la Unión Europea. Es, en realidad, la estadística que Transición Ecológica publica diariamente y que ahora tendrá que incorporarse a la factura. Desde el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera admiten que el tope ha generado confusión y que el objetivo es informar de que se pagaría más por la luz sin esa medida. También se deberá informar más claramente del resto de acciones, como la reducción de los impuestos en vigor (el IVA y el Eléctrico) y la de los cargos fijios del recibo.

Entre la información novedosa disponible en el recibo, cada hogar y cada pyme recibirá los datos del consumo de sus vecinos. No de cada uno de ellos, pero sí del gasto energético que realizan, para hogares similares, dentro de su mismo distrito postal.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado la anunciada nueva tarifa regulada de gas (TUR) para las comunidades de vecino que utilizan calderas comunitarias hasta diciembre de 2023. Esta modalidad puede beneficiar a unos 1,7 millones de hogares, según los cálculos de Transición Ecológica. Supondrá una rebaja del precio del gas del 50% con respecto a los costes que pagarían sin esta tarifa. Es decir, no se trata de que paguen menos que el año pasado por el gas por estas fechas, sino que no se pagará tanto como si no exisitiera esta nueva TUR. Además, esta modalidad cubrirá el 70% del consumo de gas de estas comunidades con un precio regulado y limitado; el otro 30% del gasto que realicen lo pagarán a «precios normales de mercado», según Transición Ecológica.

Para acogerse a esta tipología, las comunidades de vecinos deberán acordarlo y solicitar a alguna de las energéticas de referencia del gas (las comercializadoras de referencia del gas de las históricas Iberdrola, Endesa y Naturgy) para acogerse a esa nueva tarifa. Transición Ecológica prevé un traslado masivo de clientes del mercado libre -donde los precios se encuentran desorbitados por la subida del gas en el mercado internacional-, aunque en algunos casos tendrán que tener en cuenta las cláusulas de penalización que tienen que pagar por cambiarse de tarifa.

Las comunidades tendrán que cumplir algunos requisitos, más allá de que soliciten el acceso a la que será la TUR 4. Deberán comprometerse a instalar contadores individuales en cada comunidad de vecinos (repartidores de costes) antes del mes de octubre de 2023. Así pretenden que ayude a la eficiencia energética, salvo que sean edificios eximidos de instalarlos por inviabilidad técnica. Si no lo hacen, tendrán que pagar un recargo del 25% en la parte del consumo energético de gas aunque cuenten con la tarifa rebajada.

Además, la TUR 4 cubrirá un coste del gas limitado, siempre que el consumo de la comunidad de vecinos sea el medio que ha gastado en los últimos cinco años. Si superan ese consumo medio desde 2017, la parte excedente ya no se podrá aplicar esta tarifa regulada.

El Gobierno también ha puesto en marcha una ampliación del bono social eléctrico, que permite un descuento en la factura de la luz para consumidores considerados como vulnerables, dentro de unos límites de renta, y siempre que se encuentren acogidos a la tarifa regulada (PVPC). Por una parte, se habilita una nueva categoría de posibles beneficiarios (el que se llamará bono eléctrico de justicia energética), que aplicará una rebaja del 40% en el consumo de luz de hogares cuya renta sea inferior a 27.720 euros al año (para una familia de dos adultos y dos niños), o de 16.800 euros al año (hogar de un adulto).

En este sentido, los actuales perceptores del bono social eléctrico verán ampliado el descuento del que ahora disfrutan. Para los consumidores vulnerables, la rebaja pasa del 60% actual al 65%. Y para los vulnerables severos, del 70% al 80%. ADemás, el volumen de energía anual sujeta a ese descuento se incrementa hasta los 1.587 kwh (familia de una o dos personas) y hasta los 4.716 kwh (familia de cinco miembros o más).