El Gobierno quiere controlar el cierre de las centrales eléctricas por ley

A tal efecto el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha lanzado una consulta pública para que toda persona, empresa o entidad «potencialmente afectada por la norma proyectada» pueda aportar su opinión. Tienen de plazo para ello hasta el 15 de septiembre y deberían responder, fundamentalmente, a dos cuestiones. De un lado, si consideran «oportuno» mantener operativa una central «por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio». Y, por otro, qué procedimiento estiman que «debería seguirse» en el supuesto de que el titular de la misma solicita su cierre pero, sin embargo, aquella resulte «necesaria para el sistema».

El departamento de Álvaro Nadal aclara el concepto de seguridad del suministro, el principal «problema» –resalta– que «se pretende solucionar» con el decreto que se elaborará este otoño tras consultar al sector. Y_lo define como la «capacidad» de los sistemas de «proporcionar a los consumidores finales el flujo de energía necesaria con un nivel determinado de continuidad y calidad, de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente». Y, además –añade–, «atendiendo en todo momento a los criterios de sostenibilidad económica y financiera» del modelo.

Recuerda aquí que la Ley 24/2013 del sector eléctrico y la directiva europea 2009/72/CE inciden sobre ello. «En consecuencia –señala el Ministerio–, deben desarrollarse las medidas necesarias para garantizar» dicho suministro cuando concurran «una serie de supuestos». Menciona desde «el riesgo cierto para su prestación» hasta «situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria», pasando por una «amenaza grave a las instalaciones, la integridad de la red de transporte y la distribución de electricidad», así como una «reducción sustancial de la disponibilidad de instalaciones de producción, transporte o distribución».

También se tendrán en cuenta, según se puntualiza en la consulta, «las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional», es decir, la composición del ‘mix’, de cara a las «obligaciones de planificación energética» de España con la UE en el horizonte de 2030 y 2050 para el cambio climático. Otro punto a «ponderar» es la relación coste-beneficio que implica el cierre de una central y la posible apertura de otra nueva, considerando su «impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales», así como respecto a la competitividad de la economía.

En definitiva, el Ejecutivo estima «necesario» contar con las medidas regulatorias que «aseguren que las decisiones de cierre» de tales instalaciones eléctricas «son coherentes con los instrumentos de planificación energética». Eso sí, el Ministerio no adelanta cuáles serían a la espera de recabar la opinión de los interesados, aunque defiende la vía del decreto –intentó negociar hace semanas con PSOE y Ciudadanos su apoyo para una ley, pero no alcanzaron un acuerdo– e incluso advierte de que habrá que «actualizar» el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, sin llegar a mencionar expresamente el caso de Garoña.

No obstante, la clausura de infraestructuras nucleares no ha sido el principal detonante de que el Gobierno vaya a legislar sobre ello antes de final de año. Al fin y al cabo, la próxima en el horizonte cuyo futuro habrá que resolver es la de Almaraz (Cáceres), que todavía dispone de una vida útil hasta 2021 (en su reactor I, y un año más para el II).

El anuncio de «cese paulatino» hasta 2019 de la central térmica de Gas Natural y Endesa en Anllares (León), junto a la clausura prevista en junio de 2020 de dos de las seis instalaciones de carbón que tiene la segunda, preocupan ahora más al equipo de Nadal, según les adelantó a los sindicatos del sector el 20 de julio ante sus temores por la caída de demanda de mineral autóctono.