El Gobierno fija para 2030 el fin de las nucleares, al no prever alargar su vida más allá de 40 años

Dentro de dos años, uno de los dos reactores de la central de Almaraz (Cáceres) tendría que cerrar sus puertas si sus propietarios (Iberdrola, Endesa y Naturgy) no solicitan en 2019 una ampliación del plazo de vida útil. A las reticencias mostradas por algunas de esas empresas en torno a las cargas fiscales que soporta el negocio nuclear se une ahora la determinación del secretario de Estado de Energía, José Domínguez, quien este jueves apuntó que en la decisión del cierre «va a primar que fueron diseñadas para 40 años». Aunque puedan prorrogar su actividad, no es la opción con la que trabaja el Ejecutivo.

En cualquier caso, el responsable energético del Ministerio de Transición Ecológica apostó por «un proceso de cierre escalonado». Para Domínguez, «hay que hacerlo de la mano del Consejo de Seguridad Nuclear, de acuerdo con las compañías», porque no se puede poner en peligro el suministro de electricidad.

Actualmente, las nucleares aportan un 25% de la energía que consume todo el país, con una generación que se paraliza en muy pocas jornadas del año, frente a otro tipo de instalaciones. A la clausura del primer reactor de Almaraz se uniría posteriormente el segundo grupo generador de esa misma central extremeña; los dos de Ascó y el de Vandellós (Tarragona); Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara). Con esta última central se completaría la clausura de las nucleares en un proceso que se prolongaría hasta el año 2028. Consciente de que cumplir esos plazos será complicados, mientras se instalan otras alternativas renovables, Domínguez indicó que «nos va a llevar probablemente más allá de 2030, pero no llegaremos a 2040; antes de 2030 habremos cerrado».

Uno de los aspectos en los que trabaja Transición Ecológica para ordenar el cierre de centrales es el de la gestión de los residuos radiactivos que se utilizan en esas plantas para generar luz, y que después se encuentran inservibles. El 'número dos' del Ministerio afirmó que esta clausura es «una decisión social», aunque señaló que hay que hacerlo «de una manera segura y ordenada». «Y eso lleva lustros», aclaró.

Sin embargo, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, considera poco factible este cierre programado antes de 2030 porque esa decisión supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible». Araluce calcula que habría que generar la potencia necesaria para obtener 60.000 gigavatios/hora, lo que supondría «un esfuerzo enorme» para el sistema. En la actualidad, el 22% de la energía que se consume en España procede de esas instalaciones.

Al previsible cierre de las nucleares se une también la liquidación de la actividad de las centrales térmicas que usan carbón. En este caso, aportan otro 14% del total. De hecho, se han convertido en uno de los principales pilares para sostener el sistema durante los últimos meses ante la falta de actividad de las centrales eólicas e hidroeléctricas. Sin embargo, José Domínguez confirmó este jueves que nueve de las 14 plantas de la península -la decimoquinta, de carbón y fuel, se encuentra en Baleares- echarán el cierre el próximo mes de junio. Y lo harán por no haber realizado las inversiones exigidas por la Comisión Europea en materia de sostenibilidad.

Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, matizó que el Ejecutivo no ha tenido ninguna comunicación oficial al respecto, aunque no descarta que algunas empresas hayan considerado que sus plantas de carbón no son rentables para invertir en ellas. Domínguez apuntó que «lo que nosotros creemos que va a ocurrir, pero no lo estamos imponiendo, es que van a cerrar entre 2020 y 2030 todas y que ese año no habrá ninguna central de carbón». Pero, a continuación, aclaró que se trata de un «vaticinio» por el que considera que serán clausuradas «de manera natural y no porque las cerremos».

Las cinco que sí podrían alargar su actividad más allá de 2020 serían las de Los Barrios (Cádiz), propiedad de Viesgo; Aboño y Soto de Ribera (Asturias), de EDP España; así como Puentes (Coruña) y Litoral (Almería), propiedad de Endesa.

En este último caso, la eléctrica presidida por Borja Prada ha comunicado a las centrales sindicales que no ha solicitado al Gobierno la clausura de sus térmicas de carbón de Teruel y Compostilla (León). Se trata de las dos plantas sobre las que planeaban dudas de cara al futuro. En cualquier caso, el nuevo plan estratégico de Endesa no recoge las inversiones necesarias para adaptarlas a las medidas requeridas por la UE en materia de emisiones contaminantes.

Por otra parte, Iberdrola mantiene sus planes para clausurar las dos últimas plantas de carbón que tiene en España (Lada-Asturias y Velilla-Palencia). Así lo solicitó en su momento al Ejecutivo en una estrategia que pasa por la descarbonización de sus fuentes de generación.