El Gobierno prorroga seis meses los permisos de los inmigrantes

Ello se realiza «con el fin de aportar la debida seguridad jurídica exigida ante esta extraordinaria situación y evitar que, una vez se levante el estado de alarma, los extranjeros puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida».

Las autorizaciones temporales de residencia o de trabajo y las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas o haya expirado en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó, quedarán automáticamente prorrogadas, sin necesidad de que las oficinas de extranjería emitan una resolución individual. Además, la extensión de los permisos se realizará al margen de que sus titulares hayan presentado, o no, solicitudes de renovación, prórroga o modificación antes de la publicación de la norma.

La prórroga por seis meses se aplicará sobre las autorizaciones de residencia, trabajo y estancia, así como de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión Europea y de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas por una residencia de larga duración.

Además, la norma también autoriza la entrada en territorio español de extranjeros con situación legal en España, pero cuyo documento hubiera caducado, lo que soluciona la situación de extranjeros que están fuera del país desde hace meses.

El Gobierno también ha decidido la prórroga de las estancias y ciertos visados de larga duración, en este caso por tres meses. Ello, «para que, una vez se levanten los cierres de fronteras adoptados por la Covid-19, puedan regresar a sus países y no se encuentren, mientras, en una situación de irregularidad en el país».

Estas prórrogas, firmadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya fueron avanzadas por el titular de esta última cartera, José Luis Escrivá, este martes en el Senado: si bien afirmó que no se planteaba una regularización generalizada, sí anticipó que se paliarían algunos problemas con que se habrían topado los inmigrantes en España, como una potencial irregularidad sobrevenida.

Algunos colectivos sociales habían demandado al Gobierno medidas este sentido. De este modo, desde Comisiones Obreras manifiestan que habían solicitado al Ejecutivo «anticipar cuanto antes respuestas políticas para evitar lo que en la crisis de 2008 se denominó 'irregularidad sobrevenida', esto es, personas extranjeras que se hallan legalmente en España y que como consecuencia de la crisis, pierden o pueden perder su estatus legal». Para ello, defienden en CC OO, «se han de flexibilizar los requisitos de renovación de autorizaciones con posterioridad al periodo de alarma y evitar situaciones por todos indeseadas».

Desde UGT resaltan que había que paliar los efectos de la pandemia: los titulares de permisos de residencia y trabajo se enfrentaban, no sólo al vencimiento de sus autorizaciones sin la posibilidad de tramitar su renovación por el cierre de la atención presencial en las oficinas de extranjería, sino también a perder los requisitos necesarios para ello, por la pérdida del empleo asociada a la crisis económica.

Mientras, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su directora, Estrella Galán, ha afirmado: «las ONG sociales consideramos que hay que dar un paso más y poner el foco en todas las personas que se encuentran en situación irregular y por tanto desprotegidas durante la pandemia; ante una situación excepcional existen medidas excepcionales, como la regularización por circunstancias excepcionales, que pueden ser aplicadas«, explica.

La responsable de CEAR destaca la importancia de que se garanticen «los derechos de todo aquel que se encuentre en territorio español, porque su seguridad también es la nuestra».

Casi tres millones de personas son titulares de diferentes autorizaciones de residencia, trabajo o estudios, calcula UGT.