España presenta a Bruselas un plan fiscal sin ajustes pero con más impuestos

Con estos compromisos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insistió ayer en que España tiene margen con respecto al promedio europeo de presión fiscal, lo que da «recorrido para poder realizar medidas o reformas en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento». Es la misma idea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó la semana pasada en el pleno del Congreso anticipando subidas impositivas a medio plazo.

Aunque el plan remitido a Bruselas no incluye ninguna medida específica, sí hay una que Cuerpo se encargó ayer de recordar por su impacto económico, empresarial y político: la prórroga y, por tanto, extensión permanente, de los gravámenes extraordinarios a la banca y a las energéticas, cuya tramitación se encuentra paralizada en las Cortes. La intención del Ejecutivo sigue pasando por establecer como fijos ambos impuestos después de que los activara en 2022 y por los que ha recaudado unos 3.000 millones de euros en su primer año.

Del resto de medidas tributarias aún no se sabe nada. Llegarán cuando el Ejecutivo presente su plan presupuestario, que irá ligado al proyecto de cuentas púlicas para 2025, que aún se negocia entre el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyaron en la investidura de 2023. Lo que sí apuntan fuentes ministeriales es que cualquier cambio en los impuestos ya está incluido en el compromiso de reforma fiscal planteado ante Bruselas, y que supone el desembolso del quinto pago de fondos 'Next Generation'. Entre otras medidas, ese documento incluye cambios en la imposición medioambiental, así como a las grandes fortunas o una transformación del impuesto que pagan las empresas para establecer un tipo mínimo.

El plan fiscal remitido a la Comisión Europea estima que España pasará de registrar un 3% de déficit público sobre el PIB (Producto Interior Bruto) a finales de este ejercicio, hasta el 0,8% en el año 2031, el último en el que finaliza ese programa de compromisos comunitarios. En este sentido, el Gobierno ha anunciado ante Bruselas que el ratio de deuda pública sobre el PIB pasará del 102% del PIB de este ejercicio hasta el 98,4% a final de esta legislatura, si se cumplen los plazos; y hasta el 90% en 2031. En cualquier caso, muy lejos del 60% de deuda que España tenía antes de la explosión de la crisis financiera y la gran recesión de hace más de una década.

Revisión de la Comisión

La Comisión tendrá hasta el 30 de noviembre para analizar el documento y emitir una valoración. Este plan servirá para definir la senda fiscal de España. Tal y como advirtió el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a principios de este mes, los planes fiscales estructurales «deben ir conectados» con los borradores presupuestarios remitidos a la Comisión, cuyo plazo de presentación también expiraba este martes. Gentiloni, recordó la primera semana de octubre que el Ejecutivo comunitario es flexible en los plazos, pero «hasta cierto límite». Habrá que esperar a las negociaciones parlamentarias para conocer el futuro definitivo de las cuentas públicas de 2025.

España cumplirá ante la UE sin ajustes pero con más impuestos