El Gobierno prepara una tasa sobre las compañías de mensajería instantánea

Tal y como ha explicado Sánchez, la obligación que nacerá cuando la ley entre en vigor será que las compañías que prestan servicios de mensajería instantánea tendrán que registrarse como operadoras y deberán presentar su declaración de ingresos, que será sobre los que se curse la tasa si es que tal facturación por su actividad de telecomunicaciones supera el millón de euros: en tal caso, por cada mil euros en ingresos, pagarán un euro. Ello implica, como siempre que se aplica impuestos y tasas, que estas compañías y su actividad pasarán a estar sujetas a inspección y control.

La tasa que se les aplica ya existe y se les cobra al resto de los operadores, nómina a la que ahora se incorporarán todos los actores del mercado que presten servicios de comunicación interpersonal sin numeración.

La cuestión respecto a este tipo de empresas es que muchas de ellas prestan sus servicios de manera gratuita, por lo que no contarían con ingresos procedentes de esta actividad. Pero, ante ello, Sánchez expuso que habrán de analizar la presentación de resultados de todas las compañías registradas. Además, apuntó que ésta es una ley que tiene vocación de perdurar en el tiempo y hay que contemplar la posibilidad de que los servicios que ahora se prestan de manera gratuita puedan cobrarse en el futuro. «Y WhatsApp no siempre ha sido gratuito», recordó Sánchez.

La nueva ley también exige una mayor transparencia a estas compañías respecto a sus usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios, además de garantías de seguridad e integridad de sus prestaciones.

El texto normativo incluye y actualiza, asimismo, la definición del servicio universal, que es el conjunto de prestaciones que se garantizan a todos los consumidores en todas partes y a un precio asequible. El anteproyecto de ley adecúa el servicio universal a las circunstancias actuales y, por ello, elimina las guías y las cabinas telefónicas, aunque no el derecho al teléfono fijo en el entorno rural. Lo que sí se incluye es el servicio de acceso a una banda ancha que soporte un conjunto mínimo de servicios, como el correo electrónico, motores de búsqueda, la educación a distancia, la prensa, el encargo de bienes y servicios, la banca, la mensajería instantánea o las comunicaciones locales a través de la red fija. Pero se desarrollará en un reglamento para incluir, eventualmente, la velocidad mínima requerida.

El proyecto de ley, que supone la trasposición de una directiva comunitaria, realiza también una revisión de los derechos de los usuarios, para armonizarlos a nivel europeo. Y, por ello, se contempla un paquete de medidas para reforzar la posición del cliente respeto al proveedor de los servicios, con un refuerzo de la transparencia de los contratos y de la posibilidad de comparación de las condiciones, la limitación a 24 meses de su duración, la regulación de los paquetes de servicio y también de la portabilidad.