El Gobierno prepara cambios legales para lograr invertir todos los fondos europeos

El grueso de ese dinero está comprometido, alrededor de un 80%, y no se prevé que haya que devolver ninguna cantidad del total por no haber sabido a qué proyectos destinar los recursos. Pero Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, pone de relieve que España presenta cifras de ejecución y compromiso de los fondos estructurales más bajas que otros países europeos. Por tanto, la fundación de las antiguas cajas de ahorro advierte de que «sin mejoras organizativas ni reformas de los procesos, seguimiento y ejecución de los proyectos, España sólo podrá atraer una parte de los fondos disponibles para 2021-2027».

Funcas alerta del riesgo de que el país no sea capaz de ser lo suficientemente ágil para gastar el dinero que le corresponde y que es esencial no sólo para apoyar la recuperación tras la pandemia, sino para darle la vuelta al sistema productivo y dirigirlo hacia los sectores más punteros, con más potencial y que tengan la capacidad de proporcionar empleos de mayor calidad y de sostener el Estado de Bienestar.

El Gobierno tiene que enviar a Bruselas en octubre un borrador de su plan nacional de recuperación y a principios de 2021 el desarrollo concreto del programa, algo que el Ejecutivo afirma que va a cumplir en tiempo y forma.

Además, el país se someterá a periódicas evaluaciones. Como recuerda Cándido Pérez, socio responsable de infraestructuras, gobierno y sanidad en KPMG, el gran desafío inmediato está en que para fines de 2022, un 70% del total de los proyectos tienen que estar comprometidos. Es, tras los más inmediatos de los próximos meses, el gran examen al que se enfrentará España.

Pérez considera que sería inteligente que, entre los proyectos existentes, ya en marcha, o sobre los que ya haya trabajo adelantado, los más alineados con la agenda comunitaria para los próximos años –por estar orientados a la digitalización o a la transición ecológica, o por tener el foco en la sanidad, la educación o la cohesión territorial y social– deberían formar parte de la nómina de los que se presenten a Bruselas.

Aunque con eso no será suficiente. El volumen de inversiones a efectuar es descomunal. Un obstáculo que habrá de saltar será la existencia actual de 'cuellos de botella' en la gestión y el desarrollo de proyectos. Para lograr esa 'descongestión', se están considerando opciones que pasan por cambios legislativos. Es algo en lo que incide Silvia Lacarra, consultora estratégica de PwC, quien explica: «Se está pensando en agilizar todos los procesos, en el diseño de un mecanismo ágil; porque lo que no puede pasar es no poder gastar los recursos».

Lacarra precisa que «uno de los ángulos» para hacer más flexible la inversión pública pasa por el cambio de la ley que rige la contratación del sector público. «Este programa tiene que cambiar el marco normativo», defiende Lacarra, quien aclara que ello no debe implicar que el proceso de adjudicación pierda garantías, pero sí debe cumplir el objetivo de movilizar inversión privada. Abogados del Estado ya estudian cómo hacer los cambios regulatorios pertinentes.

Éstos también deberían pasar por el dibujo de un esquema claro para la colaboración público-privada. Es una fórmula que se usa poco en España y que la coyuntura puede requerir, aunque, según Lacarra, siempre que se agilice.

Marciala de la Cuadra, socia de consultoría del sector público de Deloitte, insiste en lo mismo. Considera que hay que realizar «las modificaciones necesarias en el marco de contratación públicapara agilizar los procesos y, en particular, facilitar la colaboración público-privada en la ejecución de las actuaciones».

Esta semana, desde la patronal CEOE, Ínigo Fernández de Mesa afirmaba la necesidad de que la inversión ligada a los fondos europeos «tenga sentido», «genere empleo no sólo a corto sino a largo plazo» y «modernice y fortalezca el sistema productivo». Fernández de Mesa defiende la colaboración público-privada y considera que la participación del dinero de las empresas puede funcionar como una garantía de que los planes presentados tienen sentido, son sostenibles y eficientes.

Fernández de Mesa anunció que la patronal diseña quince proyectos tractores con capacidad de ejercer de arrastre del conjunto de la economía para presentarlos al Ejecutivo.

Según Cándido Pérez, si bien el Gobierno ha de ser quien lidere el desafío, no debe actuar a espaldas del sector privado.

De La Cuadra también apunta que, además de la colaboración público-privada, es necesario fomentar la cooperación interadministrativa (central-autonómica-local) para acelerar los canales que permitirán hacer llegar los fondos a los respectivos beneficiarios según las competencias que tenga cada cual. Las autonomías ya elaboran planes que presentar al Ejecutivo.

Torres apunta que los países más centralizados suelen tener mejores resultados de ejecución. En todo caso, anima a la creación de un órgano eficaz de coordinación entre administraciones o mecanismos para evitar o corregir que haya instituciones que retrasen la ejecución de sus proyectos.

La gestión de los fondos requerirá cambios legislativos para agilizar contratos e inversiones. Y también, reformas ligadas a las recomendaciones que Bruselas hace a cada Estado que, en el caso de España, pasan por la sostenibilidad de las pensiones, el fortalecimiento presupuestario, así como las referidas al mercado laboral.

Para abordar todo ello, el país tendrá que superar la fragmentación y la polarización políticas y pasar leyes en el Congreso. Lacarra confía en que se superen diferencias. Porque insiste: «El riesgo es no gastar los recursos».