El Gobierno plantea a la UE cambios en el sistema de precios eléctricos

Durante su intervención para defender el decreto ley que rebaja de forma temporal el IVA en la factura de la luz al 10% y suspende el impuesto de generación que pagan las eléctricas, Ribera ha indicado que no ve «adecuado» en las situaciones actuales el diseño actual de este mercado marginalista, que no permite aprovechar los menores costes de generación de electricidad con energías más baratas, como ocurre con las renovables, frente a los ciclos combinados, que precisan de un gas cada vez más caro.

Y es que pese a que los costes de generación de energías renovables o centrales más amortizadas como las nucleares o hidroeléctricas sean más bajos, el precio de mercado acaba situándose en la tecnología más cara.

La vicepresidenta ha reconocido que esta tendencia en el alza de los precios «no parece despejarse en los próximos meses». «Todas las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar el impacto regresivo de estos precios deben ser impulsadas», ha defendido.

Ribera ha señalado que el precio del gas se ha encarecido un 10% en apenas siete días, dentro de una escalada a nivel global vinculada a la recuperación y a la mayor demanda de los últimos meses. También los precios de derechos de CO2 que, ha dicho, debe ser un «instrumento facilitador» para el cambio de inversiones, y «no una guillotina para los consumidores», algo también que debe abordarse en el debate comunitario.

La vicepresidenta tercera ha defendido un «debate profundo sobre el funcionamiento del mercado actual» en la Unión Europea, y también otras medidas proyectadas --una dirigida a compensar parte de los beneficios de la nuclear y la hidroeléctrica y otra para que las eléctricas asuman el coste del desarrollo de renovables--, pero ha reconocido que «todas estas circunstancias pueden tardar tiempo».

Por ello, ha defendido buscar «fórmulas que alivien» al consumidor de esta escalada alcista y «apurar todo el margen de regulación doméstica para evitar este impacto en los ciudadanos» y «trabajar en todos los márgenes disponibles», a saber, «funcionamiento del mercado, cargos y peajes y fiscalidad» para «un reparto más equitativo de los costes del sistema».