El Gobierno mantendrá el recorte a pesar de la «presión» de las eléctricas

Moncloa mantiene una postura inamovible con su decreto en el que ha depositado la confianza para que el recibo medio de luz de este año sea similar al de 2018, por debajo de 70 euros al mes. Quedan tres meses y medio para cumplir la promesa de Sánchez. E incluso la vicepresidenta, Teresa Ribera, apuntaba este miércoles que las facturas emitidas este mes ya deben contener esa reducción de cargos y que el cliente final debe notarlo en el importe final.

Mientras tanto, el precio de la luz sigue desbocado. El coste del mercado mayorista volverá a batir otro récord este jueves y se disparará hasta los 188,18 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una subida del 9% en solo 24 horas. De esta forma, el precio de este jueves encadena el dato más alto de la serie histórica por segundo día consecutivo, superando así los 172 euros que registraron este miércoles, según datos del operador de mercado eléctrico designado (OMIE).

En cualquier caso, la ministra para la Transición Ecológica ha anunciado que se reunirá con las eléctricas «en unos días» para analizar el contenido del texto. «Hablaremos» con ellas, indicaba tras el pleno del Congreso. Pero hablar no implica abrir la puerta a modificaciones del decreto, que será validado en pocas semanas. Ribera ve «natural» el rechazo de las compañías y una reacción «en caliente» el anuncio sobre el amago de paralizar las centrales nucleares si las empresas se ven abocadas a ello por la falta de rentabilidad, como indicó el martes Foro Nuclear.

Las compañías del sector siguen analizando el contenido de una norma que técnicamente ya ha entrado en vigor. Lo hacen minuciosamente para tratar de encontrar algún resquicio al que puedan aferrarse por si se contraviene la «libertad de mercado», explican fuentes del sector. Analizan si hay posibilidades de recurso, aunque hay «mucha preocupación interna», explican.

Al tratarse de un real decreto, no pueden ser las empresas las que recurran. Debe hacerlo una institución, como las comunidades autónomas; o algún organismo, como un partido político.

El sector se muestra en contra de la norma. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advertía este miércoles de que este tipo de centrales también «pueden verse obligados a parar temporalmente en los meses de otoño e invierno», cuando las eólicas pueden aportar más energía al sistema. La organización indica que el decreto «afecta a PPAs (contratos de compraventa a largo plazo) firmados en rangos de precios muy por debajo de los precios actuales y previstos». En esa misma línea se pronunció la asociación APPA Renovables al alertar de un «efecto retroactivo implícito» sobre cientos de instalaciones renovables (eólicas y fotovoltaicas) que «afectará gravemente a su viabilidad».

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigás) ha lamentado que el Gobierno no utilice los mismos criterios para todas las energías a la hora de proteger a los consumidores vulnerables y se ha mostrado disconforme con la no reducción de la fiscalidad que afecta a los consumidores de gas y reclama un trato similar. Considera que lo más apropiado es que el gas se beneficiase también de la rebaja fiscal, tanto del IVA, como del Impuesto de Hidrocarburos.

Las dudas sobre el impacto de las medidas siguieron planeando este miércoles sobre los principales valores del sector en la Bolsa. Endesa e Iberdrola seguían acusando en Bolsa las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el recibo de la luz, con caídas más considerables que las del martes, cuando se anuncio el decreto. En concreto, Endesa cayó este miércoles un 6,4%, hasta los 19,34 euros, mientras que Iberdrola perdía un 5,8%, cotizando al borde de los 10 euros por título. Por su parte, Naturgy, en pleno proceso de aceptación de la OPA parcial del fondo australiano IFM, contenía la caída al 0,4%, mientras que Enagás subió más de un 0,6%.