Competencia investiga si la banca coloca sus productos con los créditos avalados por el ICO

La comercialización de las líneas de crédito para obtener liquidez del ICO ha levantado la sospecha de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que investiga posibles conductas anticompetitivas de la banca. El organismo indaga si las entidades están aprovechando esta coyuntura para la venta de productos vinculados a los créditos con aval público.

Lo hace tras conocerse casos en las redes sociales que alertaban sobre la obligación de contratar seguros de vida para poder beneficiarse de una línea de crédito con aval público. El anuncio de la CNMC de esta investigación se conoce un día después de que las entidades se comprometieran a no vincular estos préstamos a otros productos, como previamente había comunicado el Banco de España a los respectivos consejeros delegados. Ayer mismo, el Banco de España advertía de que revisará que las entidades cumplan la normativa y las buenas prácticas bancarias.

Una cuestión que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha tratado tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros al anticipar que que están haciendo «un seguimiento» para que la banca no imponga más condiciones de las que marca la norma de avales del ICO al comercializar los créditos entre los empresarios en apuros. «Nos han llegado cuestiones de personas en cuanto a condiciones añadidas o sobre si eran clientes preferentes o no» de una entidad.

El Gobierno ha abierto la puerta a la posibilidad de flexibilizar las condiciones de la línea de avales del ICO para que las empresas obtengan financiación ante el cierre repentino de la actividad en toda España. María Jesús Montero ha señalado que «hay sectores que necesitan algunos ajustes» en los requisitos exigidos inicialmente por el decreto que habilitaba los primeros 20.000 millones de euros en liquidez.

En concreto, Montero se ha referido a posibles cambios relacionados con la «forma de estructura de la deuda» de esas empresas o por la «estacionalidad de la actividad que realizan, que puede ser excepcional». En el primero de los casos, la norma impide que una empresa que estuviera en situación de morosidad a 31 de diciembre del año pasado pueda acceder a estos créditos para amortiguar la crisis del coronavirus. Esta exgiencia está dejando a centenares de empresas fuera de los avales públicos porque, aunque ahora no estuvieran pasando por esa situación, hace cuatro meses sí podrían acumular algunos impagos puntuales de más de 90 días, el periodo tras el que el Banco de España recoge esta situación en sus registros oficiales.

Montero ha aclarado que el Gobierno quiere «analizar» esas condiciones para que el segundo tramo que habilitará el Ministerio de Economía -la dotación inicial de este plan alcanza los 100.000 millones de euros- «dé satisfacción a todos los sectores».

Además, ha apuntado que podrían cambiar las dotaciones de dinero en función del tamaño de la empresa. En la primera partida puesta en marcha, la mitad de los 20.000 millones iba destinada a pymes y el otro 50% a corporaciones de gran tamaño. Con los datos que las entidades les proporcionen de las solicitudes que han llegado estos días, el Ejecutivo valorará si hay que dejar más dinero en manos de las pymes, como todo parece indicar, o en las grandes firmas. «Ajustaremos lo necesario», ha indicado Montero, porque «nuestra idea es que se abra el grifo hasta el último rincón» y negocio de España. El objetivo es que «nadie tenga que cerrar su empersa porque no le ha llegado liquidez o porque la condicionalidad» del decreto «no se ha adaptado al patrón aprobado inicialmente».