El Gobierno fija las reglas para participar en el PERTE del vehículo eléctrico

Se trata del primer gran proyecto tractor establecido dentro del Plan de Recuperación y con el que el Gobierno aspira a movilizar un total de 11.900 millones de euros solo con la inversión privada hasta 2023.

Para la ministra Reyes Maroto, «con el paso que damos hoy el Gobierno cumple con su compromiso de tener lista la estructura del proyecto estratégico antes de fin de año y ya contamos con un esquema de ayudas especifico que son el corazón del PERTE». Sin embargo, las empresas no podrán presentar su solicitud hasta que el Ejecutivo abra la convocatoria oficial. A partir de ahí, habrá un plazo de 90 días para presentar proyectos y acceder a las ayudas.

Las ayudas se han pensado para el periodo 2021-2023. Sin embargo, el Gobierno ha decidido dar un plazo mayor, de 30 meses desde la fecha de la concesión o hasta el 30 de septiembre de 2025 (lo qeu tenga lugar antes), para poner en marcha los proyectos. Y el documento de las bases recoge que la convocatoria correspondiente puede indicar otros plazos distintos.

La publicación de las bases es básica para grandes conglomerados que ya han anunciado su intención de participar en el desarrollo de la movilidad sostenible en España. Es el caso del grupo Volkswagen y Seat con su intención de traer el coche eléctrico a la fábrica de Martorell. Pero el Ejecutivo ha tratado de que el concurso no sea un traje a medida para estas grandes empresas. Al menos en apariencia.

Por eso, entre las condiciones de las bases destaca que los grupos que se presenten para las ayudas deben están conformados por un 40% de pequeñas y medianas empresas. Una condición que ya se conocía desde julio, como la práctica totalidad de los requisitos conocidos en las bases publicadas este martes en el BOE.

Según recuerdan desde el Ministerio, las ayudas europeas se complementarán con las establecidas dentro del Plan Moves, el Programa Moves Proyectos singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones de euros.

De esta manera, el desarrollo del proyecto contaría una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas.

Tal y como recuerdan desde el Ministerio de Industria, «el PERTE va dirigido a uno de los sectores estratégicos de la economía española, con un efecto tractor por su peso en el PIB nacional y el empleo directo e indirecto y su aportación a la balanza comercial». Cuando el proyecto se presentó, el Gobierno estimó que este proyecto crearía 140.000 empleos aportando entre un 1% y un 1,7 % al conjunto de la economía española.

Hay que recordar que España es actualmente el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de la cifra de negocios del total industrial y la automoción supone el cuarto sector exportador, con un peso del 15% sobre todas las ventas al exterior.

La orden establece un modelo colaborativo de solicitud. Las entidades interesadas en presentar una solicitud se deberán constituir como una agrupación de empresas sin personalidad jurídica y suscribir con carácter previo a la formalización de la solicitud un acuerdo interno.

Además de contar con un 40% de pymes, las agrupaciones deben estar organizadas en torno al sector industrial de automoción con una combinación, como mínimo de cinco entidades jurídicas diferenciadas que no pertenezcan al mismo grupo empresarial, ni constituir empresas controladas en igualdad de condiciones por dos cualesquiera de las entidades participantes que formen parte de la Agrupación.

De las entidades participantes, al menos una de ellas, pertenecerá al CNAE 291 (Fabricación de vehículos de motor), y otra pertenecerá al CNAE 293 (Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor). Además, deberán demostrar una implantación en un ámbito geográfico que abarque al menos a dos comunidades autónomas.

Según las bases publicadas, cuando las ayudas tengan la forma de préstamos el plazo de amortización será de diez años, con un periodo de carencia de tres años. Los tipos de interés aplicados se establecerán en las correspondientes convocatorias, «siendo en cualquier caso igual o superior al tipo de interés euríbor a un año correspondiente al mes anterior a la aprobación de la convocatoria».