El Gobierno extiende el bono social eléctrico a parados y afectados por ERTE

Los empresarios que declaren una reducción de sus ingresos en un 75% también podrán ser beneficiarios del bono social eléctrico.

Ésta es una medida que sustituye y amplía la adoptada de manera excepcional tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y que permitía solicitar el bono social como consumidor vulnerable a los trabajadores por cuenta propia que hubieran cesado su actividad como consecuencia de la pandemia o que hubieran reducido sus ingresos en al menos un 75% en comparación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Pero, para poder acceder al bono social, los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes previo a su solicitud deben ser inferiores los 11.279 euros anuales en el caso en que no haya ningún menor en el hogar (1,5 veces el IPREM); de 15.039 euros en el caso de que haya un menor (2 veces el IPREM); y de 18.799 euros si hay dos menores (2,5 veces el IPREM).

Las personas que se encuentren en uno de estos supuestos deberán presentar una declaración responsable en la que manifiesten su situación, o la de algún miembro de su unidad familiar, y los ingresos de la unidad familiar. Cuando el comercializador reciba la solicitud y la declaración responsable, debe comprobar que se han realizado correctamente y ha de comunicar al usuario el resultado de su petición.

El derecho a percibir el bono social se extinguirá una vez que el beneficiario deje de cumplir las condiciones para ello, eventualidad que está obligado a comunicar. Pero, en todo caso, la vigencia de la extensión del bono social a estos colectivos se extenderá hasta el 30 de junio de 2021, aunque podrá pasar a beneficiarse de otros supuestos del bono social. Porque el resto de supuestos de acceso al bono social, para consumidores vulnerables, consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social, permanecen vigentes y cualquier usuario, en cualquier momento, puede solicitarlo.

Más de 1,33 millones de hogares son beneficiarios ya de alguno de los supuestos del bono social. Desde la declaración del estado de alarma, según datos del Gobierno, más de 42.000 nuevos hogares han accedido a esta prestación. Mientras que 5.000 autónomos se han acogido al supuesto excepcional creado tras la declaración del estado de alarma.

El Gobierno también ha extendido hasta el 31 de enero la prohibición de los desahucios; la posibilidad de solicitar una moratoria o una quita en el pago de los alquileres a grandes tenedores; o a prorrogar el contrato de arrendamiento si vence en este periodo.

Asimismo, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, las mejoras en los procedimientos y la gestión del ingreso mínimo vital harán posible que en un mes sus beneficiarios se dupliquen, desde los 90.000 hogares actuales (o 300.000 personas) hasta los 180.000. De las 900.000 peticiones que se han recibido hasta finales del mes de septiembre, hasta la fecha se han tramitado 410.000.