España estudia con Portugal pedir a Bruselas extender el tope ibérico

Así lo confirman a este diario fuentes del Miniterio para la Transición Ecológica, cuya titular, la vicepresidenta Teresa Ribera, está dipuesta a liderar la batalla en Bruselas para prorrogar el mecanismo ibérico. En las próximas semanas habrá una reunión entre España y Portugal «para evaluar qué planteamiento concreto se hace» ante la UE para solicitar la prórroga.

La decisión es compleja, tanto como el tiempo que costó a España y Portugal que el resto de socios europeos aceptaran su petición en la primavera del año pasado. Ambos países alegaban la práctica desconexión de la Península Ibérica del resto del continente para abordar esta medida excepcional que ha conseguido evitar una mayor alza de precios eléctricos desde el pasado 15 de junio.

Cuando España elaboró el plan de contingencia energética para este invierno (el denominado como Plan +SE), el Ejecutivo contaba con que iba a ser necesaria la prórroga más allá del mes de mayo de 2023. El pasado mes de diciembre, la vicepresidenta Ribera y el primer ministro portugués, Antonio Costa, hablaron para decidir en enero reunirse y ver cómo se planteaba la prórroga a la Comisión, argumentos, contexto y en qué terminos.

El tope ibérico es el mecanismo autorizado por la UE para que el precio del gas natural que toman como referencia los mercados eléctricos de España y Portugal para producir luz sea de entre 40 y 50 euros/Mwh desde junio del año pasado hasta mayo de este año. Esta referencia es muy inferior al coste real del gas natural en el mercado (el holandés TTF marca la pauta diariamente), con costes que llegaron a superar los 300 euros/Mwh durante el pasado verano.

Así, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista fue de 212 euros/Mwh hasta el 15 de junio (antes de la entrada en vigor del tope al gas), mientras que en el resto del año (teniendo en cuenta el cálculo con ese mecanismo excepcional) el precio medio fue de 208 euros/MWh. En ese sentido, en caso de no existir esa medida, el precio promedio de la luz entre el pasado 15 de junio y el 31 de diciembre de 2022 hubiese sido de 256 euros/MWh, es decir, un 23% más alto del que han pagado los consumidores.

Con estas cuentas encima de la mesa, España y Portugal insisten en que se debe y puede prorrogar esta medida que, en cualquier caso, tiene dos grandes efectos colatarales. Por una parte, la diferencia entre el precio que se paga por el mecanismo (hasta 50 euros/Mwh) y el real (más de 300 euros/Mwh en algunos días de agosto, por ejemplo), se paga entre todos los consumidores (los del mercado regulado y los del libre) a través de una compenasción que se va incluyendo en las facturas a medida que pasan los meses. En muchos recibos, los usuarios han llegado a pagar más por la compensación al gas que por la propia tarifa contratada de la luz que tenían en ese momento.

Por otra parte, al ser el gas natural ibérico más barato que en el resto de la UE, Francia lo ha aprovechado para realizar la mayor demanda de electricidad posible, al ser más barata a este lado que al otro de los Pirineos.

Europa sigue la estela

A pesar de la controversia generada desde su puesta en funcionamiento, por el impacto final en las facturas así como por la subvención parcial a Francia, los países de la UEacordaron en diciembre aplicar este mecanismo a nivel comunitario. Se trata de un tope de 180 euros/Mwh al precio de las importaciones de gas al continente. La propuesta estuvo semanas bloqueada por Alemania y Países Bajos, que veían en este mecanismo un riesgo para la seguridad del suministro. Sin embargo, los ministros de Energía lograron acercar posturas y la herramienta será adoptada con el visto bueno de Berlín, la abstención de Austria y Holanda y el 'no' de Hungría.

Este mecanismo se activará cuando se superen los 180 euros en el mercado europeo durante tres días seguidos y, al mismo tiempo, haya una diferencia de 35 euros respecto a los mercados internacionales.