El Gobierno español defiende junto a Italia y Portugal un ingreso mínimo vital europeo

El ingreso mínimo europeo que proponen España, Italia y Portugal no se plantea como sustitutivo de los sistemas de garantía de rentas que existen en cada país, sino que busca establecer unos estándares mínimos que deberán cumplir todos los estados miembros. Además, la propuesta estaría adaptada al nivel y modo de vida de cada país y se armonizaría con los sistemas de apoyo social con que ya cuentan.

Tal y como se plantea la propuesta, el ingreso mínimo correspondiente a cada país se calcularía técnicamente, teniendo en cuenta indicadores objetivos como la renta media, el PIB o el salario mínimo de cada economía, y, en el caso de que el resultado de ese cálculo sea superior al sistema de garantía de rentas de cada Estado, se tendría que complementar. Si bien la idea elevada por España, Portugal e Italia no detalla todavía si la financiación correría a cargo de cada Estado, del presupuesto comunitario o de una combinación de ambos.

Los tres ministros embarcados en el proyecto consideran que Europa requiere un marco común de garantía de ingresos que se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante para todos los estados. De esta manera, el ingreso mínimo garantizado sería un esquema de acuerdo con el que todos los ciudadanos reciben un cierto nivel de ingresos, lo que asegura que los más pobres no se quedan sin ingresos.

En estos momentos, la propuesta se encuentra en fase de estudio y requiere un proceso de negociaciones con la Unión Europea, los estados miembros y otros actores. Una de las cuestiones que será objeto de negociación será su financiación y el presupuesto con el que contaría.

La iniciativa se prevé complementar con el reaseguro europeo de desempleo, el sistema de garantía infantil y juvenil o el salario mínimo europeo. Y se ha elevado como llamamiento para reforzar la dimensión social de la Unión Europea ante el agravamiento de la pobreza y la desigualdad por la Covid-19. Se busca construir un «escudo social europeo» que complemente al que cada país está construyendo para lidiar con la pandemia.

La propuesta se considera que tiene alcance en Europa, de acuerdo con fuentes de la vicepresidencia de Derechos Sociales, debido a dos razones: en ella participan la tercera y la cuarta economías europeas, además de las principales representantes del sur de continente, y fuerzas políticas muy heterogéneas entre sí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sería conocedor a estas horas del acuerdo al que el vicepresidente Iglesias ha llegado con sus homólogas italiana y lusa para lanzar la propuesta.

La iniciativa europea no invalida el acuerdo de Unidas Podemos y el Partido Socialista para aprobar el ingreso mínimo vital español en la segunda quincena de este mes de mayo para su entrada en vigor en junio. La inversión propuesta para este fin, según anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, rondará los 3.000 millones de euros.