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El Consejo de Ministros aprobó este martes la prórroga de las principales medidas anticrisis que vencían el próximo 30 de junio y dio luz verde a otras nuevas, a través de un nuevo decreto que movilizará 3.800 millones de euros de aquí a final ... de año.
La cifra eleva el coste que asumirá el Estado en el segundo semestre a casi 9.000 millones si se suman las ayudas que ya estaban aprobadas hasta el 31 de diciembre, como la rebaja fiscal en la factura eléctrica o el límite al precio de la bombona de butano. «Este plan nos ayudará a transitar con confianza en un contexto de incertidumbre», explicó la vicepresidenta Nadia Calviño.
En total, el Gobierno ha movilizado 47.000 millones con los siete planes anticrisis que se han aprobado desde el estallido de la guerra en Ucrania. Un coste –vía desembolsos y pérdida de ingresos fiscales– que desde Bruselas vigilan muy de cerca ante el riesgo de un gasto excesivo que ponga en peligro la senda de consolidación, que marca una reducción del déficit del 4,8%al 3,9%este año, para alcanzar el objetivo del 3%ya en 2024, un año antes de lo previsto. «Todas las medidas son compatibles con esa reducción», defendió Calviño frente a las dudas, que también han llegado desde el Banco de España, muy insistente en su mensaje de que las ayudas debían dejar de ser generalizadas para centrarse solo en los vulnerables.
Pese a las advertencias, y a un mes de las elecciones, el Ejecutivo ha decidido prorrogar la eliminación del IVA de los alimentos básicos como el pan o la leche, así como la rebaja al 5% para aceites y pastas alimenticias hasta final de año. Solo se pondrá fin a la medida si la inflación subyacente baja del 5,5% interanual(actualmente está en el 6,1%).
Hacienda calcula que los hogares españoles ahorrarán este año 1.320 millones de euros con la medida que, no obstante, no se está dejando notar en el bolsillo, con el precio de los alimentos aún disparado sobre 12%. Del mismo modo, se prorroga la bonificación del 30%al transporte público, otra de las medidas estrella del anterior plan anticrisis que ha tenido bastante más éxito en su objetivo que la anterior.
Tras la presión que estos días ha ejercido el sector de los transportistas, el Gobierno también ha optado por extender las ayudas al gasóleo para profesionales. Un movimiento que ha sorprendido ante la reciente caída del precio de los carburantes, que ya se sitúa por debajo de los niveles marcados cuando se aprobó la bonificación de los 20 céntimos por litro en marzo de 2022. La ayuda será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de otros cinco céntimos para el último trimestre.
El plan también incluye nuevas ayudas y otras que se habían quedado en el tintero tras la convocatoria de elecciones, como la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir hasta el 20% de la hipoteca para una vivienda habitual, con un importe máximo de 2.500 millones de euros.
Los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM), y cuentan con factores de mejora en función del número de hijos y de si la familia es monoparental. En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble.
La tensión entre los socios de coalición se ha dejado notar especialmente en esta materia. Finalmente, se extiende laprohibición de los desahucios a vulnerables sin alternativa habitacional.
Pero el PSOE ha impuesto su criterio frente a la pretensión de Unidas Podemos de extender también la congelación del precio de los alquileres para aquellos contratos que se renovasen estos primeros seis meses del año. Es decir, los propietarios podrán cambiar ya sus condiciones en el momento de firmar una renovación, aunque sí seguirá vigente la limitación del 2% en la actualización anual de los arrendamientos ligados al IPC.
El real decreto incluye una deducción del 15% en el IRPF para aquellos que compren un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2024, sobre una base máxima de 20.000 euros. Es decir, la deducción máxima sería de 3.000 euros. Esta medida se ampliará a diciembre de 2025 cuando se dé el visto bueno a la adenda del Plan de Recuperación. También podrán acceder a la deducción si se instalan puntos de recarga de batería antes del 31 de diciembre de 2024.
El hecho de utilizar la fórmula del real decreto ha permitido al Gobierno generar una suerte de cajón de sastre para introducir en este plan anticrisis la transposición de normativas europeas, además de la puesta en marcha de otros procesos como la estabilización de interinos anteriores a 2021 o el denominado derecho al olvido oncológico, para acabar con las restricciones que sufren aquellas personas que han padecido cáncer a la hora de contratar ciertos servicios.
También se retrasa hasta enero de 2024 la obligación de cotización de los becarios, prevista en principio para el 1 de octubre de este año.
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