El Gobierno dejará morir el impuesto energético por «inviable» ante la falta de consenso para mantenerlo

La vicepresidenta es consciente de la compleja aritmética parlamentaria a la que se enfrenta el Gobierno. «Si no hay consenso parlamentario, simplemente es inviable», zanja rotunda. Ribera también considera que «si no se producen los beneficios extraordinarios» para los que estaba pensado el gravamen «a lo mejor ya no tiene tanto sentido» seguir aplicándolo.

Supondría un punto y final a un impuesto que ha generado todo tipo de fricciones entre Transición Ecológica y las empresas que lo han pagado (Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona y EDP) y que han llegado a recurrirlo.

Tanto la propia Ribera como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían abogado por ajustar esta figura para incluir deducciones a cambio de que las empresas realizaran inversiones sostenibles. No obstante, la vicepresidenta asume que el contexto económico ha cambiado con respecto al que había cuando Sánchez lo anunció en el verano de 2022 para que las energéticas «contribuyeran a la solidaridad».

La aritmética del Congreso obligaría al Gobierno a aunar en una norma las peticiones de su socio de coalición, Sumar, que apuesta por mantener esta figura de forma permanente, tal y como ha exigido en varias ocasiones la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De hecho, forma parte de los compromisos adquiridos en el pacto de inicio de legislatura firmado entre Díaz y Sánchez. En aquel texto, ambas partes acordaban «revisar» el gravamen «para readaptarlo y mantenerlo una vez que expire su periodo de aplicación actual» para que las energéticas «sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar». Pero en esa ecuación también hay que incluir otras piezas: las peticiones de grupos como el PNV o Junts, por un lado, así como los de Bildu o ERC, por otro.

Una de las fórmulas en las que se estaba trabajando por parte del Ministerio de Hacienda, el que tiene competencias en esta materia, pasaría por vincularlo a proyectos industriales que apoyen la transición energética. Es decir, que cuantos más compromisos adquieran las compañías, más beneficios (incluso créditos fiscales) se aplicarían en la estructura del gravamen, que podría quedar reducido al mínimo.

Hasta ahora ningún miembro del Ejecutivo se había mostrado tan tajante como lo ha sido Teresa Ribera sobre el futuro del gravamen, que se encuentra prorrogado en las mismas condiciones en las que se aprobó, al menos hasta el 31 de diciembre de 2024. En concreto, grava con un tipo del 1,2% los ingresos que perciben las compañías cuya facturación supere los 1.000 millones de euros. Durante su primer año en vigor, las corporaciones abonaron 1.500 millones.

Las quejas de todo el sector energético han sido constantes desde que Sánchez anunciara la puesta en marcha de este tributo, junto al de la banca –que también sigue en vigor–, por «discriminatorio e injustificado», según han señalado continuamente desde organizaciones como Aelec.

Aunque las demandas presentadas se encuentran en la Audiencia Nacional, el sector miraba de reojo a Portugal, donde se ha declarado inconstitucional una figura similar al impuesto español al no encontrarse bien estructurado legalmente y repercutir sobre una parte de las energéticas y no sobre todo el sector, como reclamaban en España.