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Aunque el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar apostaba por prorrogar el impuesto extraordinario a las energéticas y la banca, el Ejecutivo cuenta ahora con la posibilidad de que la puesta en marcha de ese nuevo gravamen no se materialice hasta bien entrado 2024. ... Es una de las opciones que están encima de la mesa a tenor de las dificultades económicas y políticas a las que se enfrenta el Gobierno con esta medida. Por una parte, tiene que pactar cualquier cambio con diversos grupos parlamentarios. Entre ellos, con el PNV, uno de los más reacios a prorrogar el impuesto por el impacto en las empresas que o bien tienen su sede social en el País Vasco (como Iberdrola o BBVA) o importantes previsiones de inversión en ese territorio, como Repsol a través de Petronor.
Para lograr esta cuadratura del círculo, el Ministerio de Hacienda basa su acción en una estrategia de hechos consumados. En primer lugar, que el actual gravamen extraordinario estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Y que las compañías deberán abonarlo como está establecido a lo largo de 2024, bien en uno o dos pagos a lo largo del próximo ejercicio. A partir de ese momento «se evaluará» y se decidirá qué hacer, tal y como insisten fuentes del departamento dirigido por María Jesús Montero desde hace semanas.
En realidad, el impuesto extraordinario que grava los ingresos de ambos sectores puede ser aprobado a lo largo del próximo año con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Así ocurrió, por ejemplo, en 2022, cuando se puso en marcha a finales de año después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su puesta en marcha en el verano de ese ejercicio.
De la estructura del nuevo impuesto se conocen algunas pinceladas que tanto el propio Sánchez como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya han apuntado: habrá un «rediseño» de esta figura fiscal, tal y como anticipó el presidente la semana pasada. El jefe del Ejecutivo señaló que «estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable».
Una de las posibilidades con las que trabajan los técnicos ministeriales es con aplicar toda una serie de deducciones o beneficios fiscales a las compañías energéticas que realicen desarrollos de proyectos renovables con lo que la factura final del impuesto se quedaría minimizada.
Este mismo lunes, el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, reclamaba las mismas reglas en España que en el resto de Europa ante la cuestión de los impuestos a las energéticas. Explicó que la UE definió un impuesto para el sector del 'oil and gas' sobre beneficios extraordinarios y en España, este se ha extendido a las eléctricas y se calcula sobre las ventas de las compañías, algo «único» en Europa. Así, el directivo insistió en aplicar la misma normativa para toda la UE, pues resultaría interesante de cara a conseguir la financiación para proyectos y tener ventajas competitivas.
En el caso de la banca, diversas fuentes oficiales admiten que el contexto financiero también ha cambiado con respecto al que había hace un año. De hecho, este mismo jueves el Banco Central Europeo (BCE) podría confirmar el fin de la escalada de tipos de interés y cuál sería el camino a recorrer a partir de ahora con bajadas.
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