El salario mínimo comenzará enero congelado en los 965 euros

Pero no significa esto que continuará así a lo largo de todo 2022. No, se trata de un trámite necesario que hay que hacer antes de que termine el año para no poner en riesgo la «seguridad jurídica» de los beneficiarios –también se hizo así en el último Consejo de Ministros 2021–, pero el objetivo del Gobierno es alcanzar un nuevo acuerdo de subida con los agentes sociales para que se ponga en marcha con carácter retroactivo en el mismo mes de enero. Así al menos lo pactó en septiembre pasado con los sindicatos. Entonces, después de meses de polémicas y movilizaciones en la calle, el Ejecutivo cedió a las presiones y elevó un 1,57% el suelo base, apenas 15 euros más. Para paliar esta mínima subida, prometió a los sindicatos –pero de forma extraoficial y sin mediar ningún documento escrito– que en enero volvería a aumentarlo a 1.000 euros.

Este incremento de 2021 fue rechazado frontalmente por la CEOE, que se negó incluso a sentarse en la mesa del diálogo social. Así, no será fácil comenzar la nueva negociación a la vuelta de las vacaciones, puesto que los empresarios presumiblemente descartarán nuevas alzas, más cuando el año comenzará con un encarecimiento de las cotizaciones sociales para las bases máximas y para los autónomos, así como de un nuevo tipo mínimo en Sociedades.

El debate en torno al nuevo salario mínimo para 2022 se ha pospuesto debido a las intensas negociaciones que Gobierno e interlocutores sociales han mantenido en los últimos meses –incrementándose en las últimas semanas– sobre la reforma laboral. Cualquier otra materia había sido supeditada a la medida estrella de la legislatura, pero a la vuelta de las vacaciones tendrá que retomarse. Desde el Ministerio de Trabajo quieren cumplir con el compromiso acordado con los sindicatos de situarlo en 1.000 euros, 35 euros más que ahora, y que sea con efecto retroactivo (como ocurrió en septiembre), más cuando los precios están desbocados y están provocando una pérdida de poder adquisitivo del eslabón más débil del mercado de trabajo.

El objetivo final es llegar a final de legislatura a situar el SMI en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social europea. Para determinar esta senda y la cuantía final, Trabajo creó una comisión de expertos que fijara la evolución. Este grupo de 'sabios' dibujó tres posibles escenarios, dependiendo de cuánto subiera la renta medio en 2020, lo que supondría un salario mínimo de entre 1.011 y 1.049 euros en 2023. Este año el Ejecutivo se decantó por la franja media.