Ayuntamientos y autonomías podrán exigir licencias municipales y regionales a los VTC desde otoño de 2022

Lo mismo pasará con las licencias municipales que puedan establecer los ayuntamientos dentro de sus competencias -algo que ya sucede con el taxi, que aparte tiene su autorización de transporte-, y «en orden al establecimiento o modificación efectiva de esas condiciones en relación con los servicios que discurren íntegramente dentro de su ámbito territorial», según recoge el real decreto-ley elaborado por Fomento, que ahora será enviado al Congreso para que sea aprobado en un plazo de 30 días o terminará decayendo. De esta forma, si el Ejecutivo logra los apoyos parlamentarios suficientes, los nuevos permisos urbanos serían obligatorios a partir de otoño de 2022 salvo en aquellos lugares que opten por no legislar.

El ministro Ábalos lo justificó en que «un transporte urbano se regula por quien tiene esas competencias y ello no crea inseguridad alguna, al contrario». Recordó que los vehículos de alquiler con conductor empezaron siendo un servicio «solo para ocasiones especiales (bodas, eventos, congresos…) y donde se desconocía cuál podría ser su trayecto» hasta la irrupción de las dos grandes plataformas digitales que ahora sustentan este negocio, Uber y Cabify. El resultado, apuntó, ha sido «una contradicción tremenda que afecta a los niveles competenciales» pues son «el único que no se regula actualmente a nivel urbano pese a competir directamente con estos medios».

Por eso defendió como «racional» el decreto elaborado por su Ministerio y respaldado por todo el Ejecutivo, que además cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional que en junio de 1996 ya distinguió una «dualidad de competencias», y la del Estado abarca los transportes que «discurran por más de una comunidad». De hecho, el titular de Fomento aseguró que las autorizaciones de ese ámbito ya concedidas se mantendrán -aunque «exclusivamente» para viajes interurbanos y que, salvo excepciones tasadas, se inicien en la región donde se concedieron-, descartando así que haya expropiación alguna. «Nadie las va a quitar», insistió.

Los VTC actuales podrán operar libremente en cualquier ciudad durante los cuatro años de moratoria -ampliables en otros dos por razones «compensatorias» en casos «debidamente justificados»-, contando solo con el permiso estatal. «Una autorización no supone derecho de propiedad alguno», precisó el ministro, para acto seguido advertir de que está sujeta a las condiciones de explotación «en cada momento y éstas pueden ir variando».

De hecho, «por delegación del Estado», las comunidades «quedan habilitadas» a través del decreto para «modificar las condiciones de explotación» desde su entrada en vigor, sin plazo de mora alguno. Esos cambios podrán afectar a las fórmulas de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo. Y en el caso de los ayuntamientos podrán hacer lo propio -siempre «dentro de sus competencias»- atendiendo a criterios como «la utilización del dominio público viario, la gestión del tráfico urbano, la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación atmosférica».

Ante la criticas que puedan llegar desde los diferentes sector implicados -las asociaciones del taxi no se pronunciaron oficialmente pero Unauto, la patronal de empresas de VTC, lo tildó de «decreto lío» y dijo que «sembrará inseguridad jurídica»- , destacó que el Gobierno ha seguido «el acervo normativo comunitario», además de haber sido estudiadas «muy bien» sus consecuencias legales por parte de la Abogacía del Estado. «Está blindado jurídicamente», llegó a afirmar Ábalos quien, no obstante, ve «probable» que se presenten recursos al decreto en las próximas semanas y por eso «precisamente» estima que la moratoria citada «debería ser suficiente para compensar tales perjuicios» (en forma de tiempo), sin que se prevea pago de indemnizaciones.

«Una autorización (de VTC) cuesta 39 euros», precisó el ministro para a continuación preguntarse con cierta ironía si «puede alguien luego pedir miles de euros en indemnizaciones y el Estado participar de ello». Ya con rostro más serio, señaló que «no tiene porqué darse pérdida de empleo» en el sector y, frente a las voces del mismo que así lo apuntaron en las últimas semanas, avisó de que «nadie», ni las propias empresas, «debería amenazar con ello». «En este conflicto hay intereses contrapuestos y nosotros hemos procurado no caer en ninguno», concluyó.