El Gobierno araña tiempo a Bruselas para ejecutar los grandes proyectos con fondos europeos

Tras intensas negociaciones, Bruselas ha permitido ahora al Gobierno cierta flexibilidad para cumplir algunos de los pilares del programa. Entre ellos figuran el acceso a incentivos fiscales para la rehabilitación energética de viviendas –que ahora se amplía otros doce meses hasta finales del año que viene–, además de incluir nuevas reformas o eliminar del documento una de las medidas más impopulares: la aplicación de peajes a partir de 2024.

La realidad económica también se ha impuesto para los grandes proyectos, aquellos que de verdad servirán para llevar la economía española a otro nivel, si se cumplen los compromisos. «Todo lo que ha ocurrido estos dos años ha afectado a la ejecución de algunos de los programas contemplados en la primera fase del plan, a lo que se ha sumado el entorno de subidas en los tipos de interés», reconocen fuentes del Ejecutivo.

Así, entre las principales concesiones de la Comisión en la ampliación del plan está la de permitir que entidades públicas profesionales gestionen de forma directa los recursos. Eso facilitaría que, sin pasar por encima de las reglas europeas, dichas inversiones –las más grandes y complicadas de llevar a cabo por su dificultad técnica– puedan desarrollarse más allá del plazo oficial establecido para 2026.

Este nuevo entorno beneficiará sobre todo a los grandes proyectos agrupados en los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE). «Algunos de ellos dependerán del ministerio en cuestión y estarán listos para la fecha, pero para los más complejos nos sugieren esa opción de que la ejecución la acometa una entidad pública empresarial», indican fuentes presentes en las negociaciones con Europa.

Se refieren a proyectos como el destinado a impulsar el hidrógeno como fuente de energía alternativa, que requiere de una potente y compleja infraestructura imposible de desarrollar en apenas tres años. Para este caso, la construcción de una planta de estas características tendría que estar proyectada y aprobada en 2026, pero podrá ejecutarse –es decir, empezar a funcionar y tener impacto en la economía real– en un mayor plazo de tiempo si los recursos se gestionan a través de, por ejemplo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). «Enisa –empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales– también tiene capacidad para actuar como agencia ejecutora de estos recursos, sobre todo para el PERTE de descarbonización», añaden fuentes consultadas.

A partir del visto bueno de la Comisión a la extensión del Plan de Recuperación, existe un plazo de un mes para que el Consejo de Ministros de Finanzas europeo ratifique la decisión.

Será entonces cuando el Gobierno podrá solicitar el cuarto desembolso de 10.000 millones de los fondos europeos, vinculado a varias reformas que quedaron en el aire por el adelanto electoral en verano, como la Ley de Movilidad Sostenible. Pese a ello, desde el Ejecutivo se muestran contundentes al asegurar que «el Gobierno en funciones sí puede solicitar el pago y ya estamos trabajando para hacerlo a la mayor brevedad posible».