El Gobierno aprobará el martes una renta mínima extraordinaria que estará vigente hasta que diseñe la definitiva

Está previsto que la medida se lleve al Consejo de Ministros ordinario del próximo martes. Ello, después de que el Gobierno haya logrado reunir el apoyo de sindicatos, tercer sector y organizaciones de consumidores. Pero no sin conflicto con las organizaciones patronales.

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, mantuvieron ayer una reunión por videoconferencia con el vicepresidente primero del Gobierno, Pablo Iglesias, y los ministros de Trabajo e Inclusión, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, además de con los secretarios de Estado de Economía Social y Agenda 2030, para tratar la puesta en marcha de este 'ingreso mínimo vital puente', que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis.

Según detalla UGT en un comunicado, este 'ingreso mínimo puente' sería una red para personas como los desempleados anteriores a esta crisis que no cobraban ningún tipo de prestación, o de todas las personas que trabajaban en la economía sumergida y actualmente no tienen ingresos y que, en esta fase de la emergencia, necesitan ayuda.

Además, Iglesias y Escrivá también se reunieron con organizaciones del tercer sector, como Cáritas, Oxfam, AEPN, Facua o Cermi.

El Ejecutivo cuenta con el apoyo de los sindicatos y del tercer sector para establecer este ingreso mínimo extraordinario que, en muchos casos, venían demandando con anterioridad. Como señalan desde Comisiones Obreras, este sindicato, «junto a la UGT, planteó hace años una ILP (iniciativa legislativa popular) en este sentido».

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, valora: «La emergencia requiere agilidad y atender las demandas perentorias de la ciudadanía».

Para CC OO, los efectos socioeconómicos de la pandemia están siendo «terribles». En su opinión, «amortiguar sus efectos requiere reforzar una red de protección social de emergencia, salvaguardar empleos y trabajar por un plan de reactivación económica para cuando dejemos atrás la absoluta prioridad del país: doblar y atajar la pandemia».

El Gobierno ayer dijo contar con el apoyo de los grandes empresarios para poner en marcha esta medida social. Según informaron fuentes gubernamentales, el vicepresidente Pablo Iglesias había intercambiado documentos sobre la cuestión con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto. Pero éste es un extremo que la organización empresarial desmintió ayer por la tarde a última hora a través de un comunicado. Y, de hecho, la cuestión provocó una gran tensión dentro del diálogo social, puesto que CEOE y Cepyme, que califican el gesto de la vicepresidencia de Pablo Iglesias de desleal, anunciaron que hoy no acudirán a una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo.

Esta renta, que garantizaría ingresos de 500 euros mensuales, estará vigente hasta la aprobación del ingreso mínimo vital permanente y definitivo con el que sigue comprometido el Gobierno. En un comunicado, la Plataforma del Tercer Sector afirma que «dada la situación de emergencia actual, esta renta se aprobará de manera extraordinaria», pero que «se tiene previsto desarrollar posteriormente una renta mínima vital estable».

El diseño del instrumento de garantía de rentas permanente necesita garantías técnicas y un alto consenso político, social e institucional, lo que puede implicar un plazo aproximado de tres meses hasta su aprobación definitiva.

Una de las cuestiones que hay que limar es que ya existe una red de rentas mínimas en las comunidades autónomas y, en algunos casos, por cantidades superiores a los 500 euros que propone garantizar el Gobierno. Además de acordar la cuestión con los gobiernos autonómicos, el Ejecutivo debe contar con el apoyo al menos del PNV y de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Y son dos condiciones que se entrecruzan, puesto que País Vasco y Cataluña son dos de las comunidades autónomas con programas de garantías de rentas más generosos.

Desde CC OO se demanda que ese ingreso mínimo vital se aborde «en sede parlamentaria en cuanto termine la situación de emergencia».

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, ha pedido que el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vistal estable y duradera, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital.