A apenas dos semanas de cerrar el año, el Gobierno ha conseguido que lleguen a la economía real 8.955 millones de euros de los 24.198 millones en fondos europeos presupuestados para este año. Es decir, un 37% del total. Se trata de datos ... provisionales a los que ha tenido acceso este diario y que aún deben cerrarse. Y evidencian lo complejo que es que la economía absorba todo lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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Además, el gasto comprometido para los fondos Next Generation asciende ya a 17.228 millones de euros, un 71,2% del total. Fuentes del Ministerio de Hacienda también indican que ya se han autorizaado 19.013 millones de euros, dato que se acercaría al 80% previsto y que sí pone sobre la mesa que en el último trimestre se han acelerado dichas autorizaciones, que a cierre del anterior trimestre era del 48%.
Desde la Administración Central esperan cerrar el año con cifras de 'autorizado' cercanas al cien por cien, ya que los fondos que no se autoricen tendrán que ir a cargo del Presupuesto de 2022.
La diferencia entre el volumen de pago y lo autorizado vendría, además, porque son las comunidades autónomas las que deben poner en marcha las licitaciones, concursos y ejecución de buena parte de esos fondos. Según indican fuentes de Hacienda, «puede haber casos en los que las comunidades tengan suficiente liquidez y prefieren no recurrir a los fondos». Es decir, prefieren 'guardar' ese dinero autorizado que no se transforma en pago.
Desde el Ejecutivo explican que el hecho de que la cifra final de pagos sea inferior, la clave está en el gasto autorizado, que finalmente es lo que mueve la economía. «Si las empresas saben que van a recibir el dinero, se atreven a contratar, ejecutar proyectos, etc», explican fuentes consultadas. Es decir, que ese dinero autorizado, aunque no esté en proyectos concretos, ya mueve la economía.
El problema es que las estimaciones de ejecución plena -que, según insisten, no son aún concluyentes- son las que empleó el Gobierno para estimar que los fondos europeos impactarían en una media de hasta 2 puntos anuales sobre el Producto Interior Bruto (PIB). Cifra que, previsiblemente, será notablemente inferior este 2021.
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