El Gobierno amplía hasta final de año su derecho a vetar inversiones extranjeras

El 17 de marzo, en pleno golpe de la pandemia sobre la economía nacional, el Gobierno puso en marcha este blindaje para evitar que los grandes inversores aprovechasen el desplome bursátil de las compañías españolas para acceder a su capital 'a precio de saldo'.

Hay que recordar que, por aquel entonces, la Bolsa española sufrió una de las peores rachas de su historia, que tuvo su máxima expresión en el desplome del 14,06% sufrido unos días antes de la decisión del Gobierno, que dejaron al Ibex-35 en 6.390 puntos, mínimos de agosto de 2012.

La medida, que en principio era transitoria hasta el próximo 30 de junio, se limitaba en un primer momento a inversores de fuera de la Unión Europea. Unos meses después, se amplió también a los residentes en la región.

En este escenario, varias son las operaciones que tendrán que pasar por el visto bueno del Ejecutivo para llegar a buen puerto. La más urgente es la de IFM, que planea hacerse con hasta un 22,7% de Naturgy.

Consciente de que el hecho de tener que recibir el visto bueno del Gobierno puede suponer un obstáculo para sus objetivos, el fondo lleva meses mandando un mensaje de tranquilidad al mercado, reflejando su intención de que la compañía mantendrá su españolidad.

Otra de las operaciones que estaban pendientes de la aprobación del Ejecutivo era la compra de Euskaltel por parte de Más Móvil, que finalmente recibió luz verde en el Consejo de Ministros de la pasada semana. La compra está ahora solo a expensas de lo que diga la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), trámite para el que no se espera ninguna complicación.