El Gobierno aguarda el examen de los fondos europeos con solo tres de cada diez euros ejecutados

A la cita -que según indican fuentes consultadas será común para todos los países beneficiarios del programa Next Generation en los próximos meses- acudirá todo el ala económica del Gobierno, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, además de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, que será la encargada de desgranar los motivos del retraso en los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, los denominados Perte.

Según los cálculos anunciados esta misma semana por Pedro Sánchez, un total de 100.000 empresas y 6.000 municipios se han beneficiado ya de estas ayudas, con convocatorias y licitaciones por importe de 43.060 millones de euros. Pero esta cifra no implica, ni mucho menos, que ese dinero esté ya circulando por el tejido productivo.

El propio Gobierno, que recientemente ha solicitado los 94.000 millones de euros adicionales de transferencias y préstamos previstos en la adenda del Plan de Recuperación, ha reconocido que necesita más tiempo para ejecutar las inversiones, solicitando a Bruselas mayor flexibilidad a la hora de conceder las ayudas.

Según la norma, los Estados tienen hasta 2026 para terminarlas, pero a finales de este año debe estar completamente definido -y comprometido- cómo, dónde y cuándo se gastará el dinero.

Y aquí los datos juegan en contra del Gobierno. Sin cifras oficiales ante la dificultad para establecer cada céntimo que ha llegado a las empresas, la referencia más fiable es el rastreo que realiza mes a mes la Intervención General del Estado (IGAE). Según el organismo, y teniendo en cuenta solo las cifras de 2022, los distintos ministerios tenían presupuestado para este año unos 28.459 millones de euros dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De ese total, el Gobierno ha autorizado ya 22.914 millones de euros (hasta cierre de noviembre).

Una cifra en la que el Ministerio de Economía se ampara para defenderse frente a las críticas de una escasa ejecución. Sin embargo, ese dato solo implica la cantidad de recursos que han recibido el visto bueno del Ejecutivo, no lo que ha llegado a las empresas. Así, sería la partida de 'pagos realizados' la que más se ajustaría al volumen de fondos que ya está en la economía real. Y, según la IGAE, asciende a 8.237 millones de euros.

Con esta referencia, apenas se habrían ejecutado tres de cada diez euros presupuestados para el ejercicio 2022. La perspectiva es todavía más lúgubre si se tiene en cuenta que buena parte de los pagos corresponden a transferencias a comunidades autónomas, ayuntamientos y organismos como el Sepe o Adif.

Frente a Consumo e Igualdad -los que recibieron un menor volumen de fondos en 2022-, Transportes es el ministerio que copa la mayor parte de lo presupuestado, con casi 6.300 millones de euros para el año destinados en su mayoría a proyectos de rehabilitación. Los pagos realizados se limitan de momento a 2.658 millones, según la IGAE.

En este caso, no solo se trata del retraso en su puesta en marcha, sino más bien de la falta de mano de obra cualificada que también afecta a otros Ministerios. «En total, las licitaciones de obra pública acumuladas hasta noviembre ascienden a 26.000 millones, un 26,5% más, y la necesidad de mano de obra es acuciante», explica Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. A su juicio, ya se empieza a notar que los fondos están cogiendo velocidad de cara a 2023.

Indica que, con independencia de los Perte, «la obra pública para hacer cerramientos, obras fotovoltaicas, etc., ya está llegando; por eso está aumentando tanto la licitación». «El problema no es del Ministerio, sino del funcionario de algunos ayuntamientos que no sabe cómo ponerlos en marcha», matiza. Es decir, aumenta el ritmo de licitación, pero no el de las concesiones al depender de procedimientos administrativos más complejos.