El Gobierno acelera sus encuentros de forma semanal para evaluar el impacto del 'brexit' duro

La gravedad de las circunstancias que rodean la situación por la que pasa el 'brexit' ha obligado a los ministerios que participan en la comisión (este jueves se ausentaron los titulares de Exteriores, Josep Borrell; de Sanidad, María Luisa Carcedo, y de Industria, Reyes Maroto, por problemas de agenda) a realizar encuentros continuos. Así lo harán para para hacer un seguimiento exhaustivo de la implantación de los últimos detalles de los planes de contingencia previstos para el 'brexit' abrupto en múltiples campos.

Además, el Ejecutivo implicará a todas las comunidades autónomas para trabajar en estos planes de actuación al reforzar la cooperación con los gobiernos regionales. Lo harán convocándoles a la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), un órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades para tratar asuntos de la UE que afectan a las administraciones territoriales, presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo.

La comisión interministerial reunida este jueves insistió en que España «está preparada» para afrontar las derivadas de la salida abrupta de Reino Unido de la UE. Y reconoció que esa circunstancia tendrá «consecuencias negativas» para la economía. El plan de contingencia elaborado en el primer trimestre del año no incluye ninguna medida adicional, a la espera del desarrollo de los acontecimientos en Londres.

No es la primera vez que el Gobierno se ve forzado a preparar las consecuencias de una salida de Reino Unido de la UE cuando apenas quedan unas semanas para que venza otro plazo irreversible, como el que teóricamente llegará el 31 de octubre. El mismo día del pasado mes de marzo, el país británico se encaminaba a una salida abrupta. Pocas semanas antes, el Consejo de ministros aprobó un real decreto-ley con medidas para minimizar los efectos de esa circunstancia. El texto trataba materias sensibles, sobre todo en lo que tiene que ver con el comercio y las finanzas, con un hilo común: la reciprocidad. Una de las grandes medidas pasará por dar residencia a los 400.000 británicos que viven en España.

El decreto establece que el mantenimiento de las medidas aprobadas «se supedita al otorgamiento de un tratamiento recíproco» por parte de Reino Unido. Todas las normas serán suspendidas si las autoridades británicas no hubieran aprobado otras similares en beneficio de los ciudadanos españoles residentes allí.

En los servicios financieros, se entiende que la pérdida del 'pasaporte comunitario' (el permiso de actividad de las firmas en España, y viceversa) implica que los bancos británicos tendrán que adaptarse a los regímenes de países que no son parte de la UE.

En el caso de las aduanas, se introduce la posibilidad de adelantar las solicitudes exigidas por el régimen aduanero con terceros estados antes de la fecha de retirada para evitar su concentración en los días siguientes al 'brexit'.

Además, se permitirá el transporte de mercancías realizados por empresas de Reino Unido con origen o destino en España, si tienen autorización. Las británicas que realicen servicios discrecionales en España se regirán por los tratados internacionales de los que sean parte tanto el Reino Unido como España.

En los aeropuertos, el 'brexit' provocaría que dejen de aplicarse las tarifas de embarque y prestaciones de 'catering' previstas para vuelos del Espacio Económico Europeo.