El gasto social autonómico está 8.000 millones por debajo del de antes de la crisis

La Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales siguen resentidos por los recortes en prácticamente la totalidad de las 17 autonomías españolas, aunque hay grandes diferencias entre ellas. Según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el gasto social tocó suelo en 2013, cuando las comunidades destinaron 99.978 millones de euros a este fin. Desde entonces, la inversión se ha ido recuperando poco a poco hasta subir un 8,6% en 2017. En cambio, este esfuerzo aún es insuficiente para alcanzar los niveles previos a la crisis, donde el gasto era de 116.851 millones en 2009.

Así, el gasto en estos servicios públicos fundamentales tiene un peso en el PIB del 26,8%, cinco puntos menos que la media de la eurozona, según datos del IVIE de la Fundación BBVA, que asegura que no todas las comunidades autónomas se comportaron de la misma forma a lo largo de la crisis. Y aunque en los últimos años se ha ido recuperando el gasto, ninguna comunidad -a excepción de Cantabria y País Vasco- ha vuelto a los niveles per cápita previos a 2009.

Volviendo al informe de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, en gasto por habitante medio fue de 2.343 euros en 2017, un 7,6% menos que en 2009. Además, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, fue el año pasado un 8,5% menor que el de 2009 hasta situarse en el 61,4%. Hay datos alarmantes en la situación de dos autonomías que acumulan una disminución cercana al 20% respecto a 2009: Cataluña (20%) y Castilla-La Mancha (18,8%).

En el caso de Castilla-La Mancha, 18,8 puntos por debajo hoy que en 2009 en cuanto a presupuesto en políticas sociales, el coordinador de Estudios de la asociación, Gustavo García, explica a este medio que «no se ha conocido en la historia de la democracia ningún recorte en servicios sociales como este, recuperarse no es fácil». Además, añade que «no se trata de una cuestión de color político» porque, por ejemplo, durante la crisis en Castilla y León también ha gobernado el PP y el recorte «no fue tan acusado».

Respecto a estos datos, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que las medidas para ayudar a las comunidades a potenciar el gasto social «está en la nueva senda de estabilidad pactada con Bruselas» con las dos décimas de mayor margen fiscal, que otorgan unos 2.500 millones a las autonomías. Por ello, consideran «irresponsable» que todos los grupos políticos -a excepción del PNV- hayan votado en contra o se hayan abstenido en la votación del Congreso porque están «impidiendo a las comunidades disfrutar de ese mayor margen para reforzar el Estado de bienestar».

La sorpresa llega cuando los datos recabados apuntan a que habiendo gastado mucho menos, la deuda de las comunidades es cada vez mayor. Y este es el «freno fundamental» para la inversión social, apuntan desde la asociación. «La deuda contraída y sus costes son una de las herencias más indeseables de la crisis», remarcan. En cifras, la deuda viva total de las administraciones autonómicas se incrementó entre 2008 y 2017 un 287% hasta los 290.000 millones de euros. Así, mientras que en 2007 las comunidades gastaron de media 1.388 euros por habitante en deuda, en 2017 aumentó hasta los 6.215 euros. «Es evidente que recortar en políticas sociales también ha tenido efectos negativos en la economía y que la deuda no ha estado causada por el gasto público. Los recortes fueron más allá de lo necesario», asegura García. En este sentido, lamenta que «nadie se da cuenta de lo que supone la deuda» para una autonomía. Si se cumplen las previsiones de subida de tipos de interés, pagar la deuda costará más aún. «Todas las políticas están condicionadas al pago de la deuda», recuerda.

Sobre este aspecto, el coordinador recuerda que la financiación autonómica es «insuficiente a todas luces» y que el problema no viene del gasto porque ha quedado demostrado que por poco que se ha gastado estos años la deuda ha seguido en aumento. «Tenemos un sistema fiscal muy débil en el que la carga recae sobre todo en las familias». El problema llega ahora, cuando en algunas comunidades el coste a pagar por los intereses de la deuda ya es el mismo que el gasto en Educación por habitante. «No hay política social más justa que una política fiscal ajustada», zanja García.