La pandemia primero y la crisis energética agravada con la guerra en Ucrania después han provocado que prácticamente todos los gobiernos del mundo se vean obligados a disparar su gasto para minimizar el impacto del shock sobre familias y empresas.
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Según datos de Eurostat,los ... Estados miembros y Reino Unido gastaron un total de 227.970 millones de euros en 2020 solo en medidas 'anticovid', a lo que habría que sumar el gasto de 2021 y todos los planes aprobados para luchar contra la inflación. En el caso español, el Ejecutivo los calcula en 45.000 millones. Un desembolso necesario que, no obstante, ha complicado la lucha contra el déficit estructural y, por extensión, sigue engordando la deuda pública que desde hace más de una década es el auténtico talón de Aquiles de economías como la española.
A pesar de que el sector privado está mucho menos apalancado que en la anterior crisis de 2008, y que el récord de ingresos tributarios aleja la posibilidad de una nueva crisis soberana, ya hay voces que apuntan a que los abultados niveles de deuda pública sí son un «elefante en la habitación» de la economía global que puede pasar una seria factura si se produce cualquier susto imprevisto.
Sobre todo en un entorno de estancamiento en el ritmo de crecimiento como el actual. «El riesgo de recesión es más bajo que hace unos meses, pero eso no significa que no pueda haber un gran susto. Y en momentos de incertidumbre, los inversores se fijarán en la salud de las cuentas públicas para tomar sus decisiones», indica José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis.
La deuda es un indicador clave para valorar la salud económica de un país, al ser una especie de termómetro de lo que se ha pedido prestado para financiar el gasto. «No podemos decir que evitar la recesión desde un punto de vista técnico –caída de la actividad durante dos trimestres seguidos– sea un éxito si se hace a costa de disparar la deuda», insiste el economista Daniel Lacalle.
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Hasta ahora, el récord de recaudación –también favorecida por la inflación–ha sido clave para mantener déficit y deuda a raya. Pero el frenazo esperado en el crecimiento en un entorno de tipos al alza, obligará al Estado a endeudarse más este año.
Actualmente, la deuda de todas las administraciones públicas supera los 1,50 billones de euros. Nunca antes habíamos estado tan endeudados en términos absolutos. Y si comparamos con la actividad, las cifras no invitan al optimismo. Una forma de entenderlo es la siguiente:si un país debe 60 millones de euros y su PIB es de 100, en teoría tendría la capacidad de pagar sus obligaciones destinando el 60%de su producción durante un año. Así que, cuanto menor sea el porcentaje, mayor capacidad de pago. A cierre de noviembre, esa ratio de deuda sobre PIBsuperaba el 116% en España, a la cabeza de Europa, junto a Italia y Grecia.
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Es cierto que tras la pandemia, el dato batía con holgura el 120%. Pero la cifra sigue disparada frente al 98% que se alcanzó en la crisis del euro. Yde momento aleja el objetivo del Gobierno de cerrar 2022 en el 115,2%.
Los expertos coinciden en que resulta imprescindible que el Gobierno empiece a dar señales de un mayor compromiso con la consolidación fiscal, con medidas estructurales a medio plazo para reducir el déficit. Y es que, hoy por hoy, su estimación de rebajar la ratio al 110%del PIB en 2025 se basa solo en la esperanza de un crecimiento económico sobre el que persisten serias dudas. «Las promesas de control del gasto público no van a ocurrir.
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Los Presupuestos ya están firmados y el aumento del gasto en año electoral se va a repetir en muchos países de la zona euro», explica Lacalle. En el mismo sentido se manifiesta Almudena Benedit, gestora de la firma Julius Baer, estimando que «lamentablemente, la reciente mejora de los ingresos públicos no se destinará a la reducción del elevado endeudamiento».
Los expertos coinciden en que España puede apoyarse en la buena gestión que el Tesoro ha realizado sobre la deuda pública en los últimos años y que ha permitido que el Estado se siga financiando a un coste más que razonable a pesar de las recientes tensiones globales. «Es un seguro ante posibles momentos de tensión», coinciden. No obstante, insisten en que factores como el fin de las compras de deuda del BCE obligarán a un mayor esfuerzo para mantener la confianza de los inversores. Algo crucial no solo para financiar los planes anticrisis, sino otras partidas que amenazan el déficit como el mayor gasto en pensiones.
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La deuda de la Seguridad Social no ha dejado de crecer en los últimos años, sobre todo desde que el Estado comenzó a conceder préstamos a su Tesorería para financiar su déficit presupuestario. En solo un año, el endeudamiento de esta administración ha crecido un 13% hasta superar la barrera de los 100.000 millones de euros por primera vez en su historia. En total, entre octubre y noviembre aumentó en casi 7.000 millones hasta sumar 106.176 millones de euros.
La deuda de la Seguridad Social se ha disparado sobre todo desde 2017, multiplicándose por seis desde entonces. En ese momento el pasivo solo era de 20.000 millones y utilizaba recursos de la hucha de las pensiones para pagar estas nóminas.
El problema fue que este fondo se agotó casi completamente y la Tesorería comenzó a aumentar su deuda para financiar las prestaciones. El problema añadido es que, según un reciente análisis de Fedea, el ministerio infravalora el gasto en pensiones para los próximos años. Sus cálculos apuntan a que los ingresos por cotizaciones sociales será muy inferior al aumento del gasto en pensiones, lo que supondrá un desfase de unos 2.800 millones de euros extra, lo que supondría un importante alza del déficit en 2023 respecto al previsto.
El Gobierno espera que el agujero de la Seguridad Social cierre el ejercicio en el 0,5% del PIB, pero desde la firma S&P Global elevan la cifra hasta el 1,8%, al incorporar en su cálculo unos 15.500 millones en transferencias que deben tenerse en cuenta para las estimaciones.
No obstante, desde la agencia de cailficación insisten en que este tipo de operaciones son práctica «habitual» en otros países. En este punto, hacen un llamamiento para que, más allá de la reforma de las pensiones, el Gobierno actúe sobre el empleo para reducir ese agujero. «Una de las soluciones en el caso español sería reducir el paro para aumentar las cotizaciones«, indican.
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