La foto

En este ambiente, la foto muestra al mandatario luso y el presidente de Iberdrola con gestos distendidos, anunciando un volumen de inversiones de nada menos que 3.000 millones de euros en el campo de las energías renovables en el país vecino.

Portugal no solo tiene una estrategia clara y estable, sino que ha aprobado un programa específico, llamado Simplex, dirigido a aligerar las trabas administrativas –incluidas las medioambientales– para fomentar y facilitar el despliegue de las nuevas instalaciones. No se trata de rebajar las exigencias, se trata de evitar que las distintas esferas de las administraciones públicas se conviertan en escollos que las imposibilite. Para ver el resultado, vuelva a mirar la foto.

¿Qué sucede en España? Pues, primero, que el presidente Sánchez considera las empresas energéticas como una parte importante del eje del mal que atosiga y exprime al pueblo trabajador. Al parecer, las más de 68.000 personas que trabajan en el sector de las energías renovables en el país no pertenecen a tan noble colectivo. Llegó a decir –la cita no es literal, pero su sentido es exacto– que si Ana Patricia Botín e Ignacio Galán se oponían a sus medidas era la prueba irrefutable de que son correctas. Eso en el espíritu, porque en la letra es peor. El próximo 25 de enero quedarán suspendidos de manera automática los permisos que cuenten con autorización administrativa pero no hayan logrado la declaración medioambiental. La Administración, enmendándose y estorbándose a sí misma.

No es ya que la Administración funcione con la construcción de murallas chinas que impidan la comunicación interna; es que cava la fosa de las Marianas en la que cada servicio navega a su aire. No se trata de un asunto menor, pues se calcula que hablamos de 100 Gw, una cifra similar a la total prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con una inversión de varios miles de millones de euros.

¿Nos sobra la energía renovable? No parece. Si escucha las declaraciones de todos los implicados, es la respuesta futura a los problemas energéticos del presente. ¿Tenemos la regulación adecuada al reto al que nos enfrentamos? Tampoco parece. La última subasta convocada por el Ministerio de Transición Ecológica, el pasado mes de noviembre, quedó prácticamente desierta al adjudicarse tan solo 50 Mw de los 3.300 Mw eólicos y fotovoltaicos ofrecidos.

La mezcla de una gran producción regulatoria, con una importante descentralización administrativa muy poco cohesionada, más una excesiva mortandad de las normas legales implementadas, aderezado todo ello con la salsa de un cierto despiste estratégico y una gran cantidad de soberbia, no es la mejor base de sustentación para elevar sobre ella el sector energético que necesitamos y, al menos algunos, incluso deseamos.