El expresidente de Fórum Filatélico multiplicó por siete su sueldo en solo diez años

Confesó, al inicio de una vista oral que se prolongará varias semanas y que ha tardado once años en celebrarse desde la intervención judicial de Fórum , que él iba en realidad para militar. Con 21 años cumplía el servicio obligatorio como cabo primero y estaba preparándose para ser sargento cuando su hermano le animó a entrar en Fórum, pese a que no tenía «mucho conocimiento». Sus contactos con el mundo de los sellos se limitaban hasta entonces a la compraventa, siendo adolescente, en la Plaza Mayor de Madrid.

«Me dijeron –relató a los magistrados– que la historia de los sellos tiene contenido y beneficio, y me convencen de que puede ser un proyecto importante». Fórum comenzó a principios de los años 80 en un pequeño local del centro de la capital, aunque cuándo él entró en 1992 como agente comercial ya disponía de varias oficinas más.

Su sueldo en el área de comercio y ventas era de 260.000 pesetas de la época (unos 1.560 euros ahora) y en menos de un decenio logró multiplicarlo por 7,6 veces, al cobrar 12.000 euros mensuales tras ascender a presidente en 2001. Lo hizo tras aprovecharse de un escándalo sobre venta de armamento en que se vio envuelto el dueño de la compañía, Jesús Fernández Prada, quien en 1996 le nombró vicepresidente.

Pero Briones, según admitió, solo «tenía formación básica» y mucho menos sabía nada de finanzas. Pese a ello, fue promocionándose con rapidez en una compañía que usó el término de «financiero» –primero como Fondo, luego como Fórum– hasta 1997, cuando el Ministerio de Economía le obligó a suprimirlo por inducir a error a sus clientes.

Y es que durante toda su historia esta empresa filatélica parece haberse movido en el alambre entre lo que en teoría era una actividad mercantil, aunque daba la impresión de ser un negocio de tipo financiero. Briones defendió la utilización de ese ‘apellido’ en que pretendían «dar la idea de que comprando sellos se podía obtener un beneficio», aunque luego matizó que «el uso de la palabra financiero no nos ha ayudado ni aportado nada».

A este respecto el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo también este lunes que los productos que comercializaban Fórum y Afinsa –otra empresa de operativa similar, cuya cúpula fue condenada hace un año a penas de hasta doce años de cárcel por estafa– «no eran financieros» y, por lo tanto, «no estaban bajo la supervisión del Banco de España». Con ello quiso desmarcarse de una posible responsabilidad del Estado, algo que la justicia ya rechazó en 2008.

Considerado el ‘cerebro’ de este presunto macrofraude -la Fiscalía reclama que los 30 acusados indemnicen con 3.707 millones de euros a los 268.804 inversores registrados oficialmente-, el expresidente de Fórum llegó a disponer una trama de sociedades ‘pantalla’ repartidas por hasta once países con el fin aparente de engordar de forma ficticia el precio de los sellos, según las conclusiones del juez instructor. A cambio habrían facturado jugosas comisiones a la compañía, cuyo rastro se pierde en distintos paraísos fiscales.

En ese entramado aparecen dos sociedades patrimoniales de Briones –en uno y otro caso, según él, establecidas por consejo del asesor fiscal de la compañía–, y con las que amén de concentrar la propiedad de sus bienes –valorados en 8,6 millones de euros– facturaba por asesoramientos a Fórum pese a trabajar a la vez en ella. Estuvieron activas hasta 2007 –una estaba en Belice y su documentación se guardaba en una caja de seguridad en Ginebra– y llegó a ponerlas a nombre de su familia, aunque él era administrador único, por miedo a «lo que pudiera pasar» si fallecía. También hizo testamento por su actividad «frenética», y lo que pretendía era «salvaguardar los intereses familiares».

Briones se enfrenta a 27 años de cárcel, el doble que sus principales colaboradores en Fórum (entre once y 16 años). Este martes seguirá declarando, ya por parte de las acusaciones particulares y populares, tras haber finalizado el interrogatorio del fiscal, que piden condenas que suman 190 años de prisión entre todos los acusados. El desfase patrimonial dejado por esta sociedad filatélica fue, según el concurso de acreedores, de 2.848 millones aunque llegó a captar 11.200 millones entre 2000 y 2005, un año antes de su intervención.