Fomento quiere para «esta legislatura» el nuevo marco de peajes en la red estatal de autopistas y autovías

La decisión final corresponderá en cualquier caso al Parlamento, aunque el Gobierno va a promover la constitución de una subcomisión dedicada directamente a este asunto donde, aparte de los partidos y representantes de las comunidades autónomas, intervengan todos los actores del sector de las infraestructuras, diferentes expertos y también asociaciones de conductores. La apuesta inicial del Ministerio parece ser que se establezca alguna fórmula de pago, tras estimar que el coste anual del mantenimiento de dicha red para el Estado en 11.000 millones de euros, una suma que ve inviable seguir abonando sin nuevos recursos porque su extensión (20.000 kilómetros en la actualidad) no deja de crecer.

No obstante, el ministro José Luis Ábalos matizó este martes sus palabras de la semana pasada al afirmar que «no proponemos un modelo concreto ni queremos adelantarnos al debate» parlamentario. En Fomento, eso sí, esperan lograr una «amplia mayoría» aunque son conscientes de la «la actual compleja composición de la Cámara». En la referida subcomisión, explicó este martes el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se debería elegir «la mejor forma» de financiación y, a su vez, «fruto del mayor consenso». La responsabilidad del Gobierno en este caso, señaló, ha sido «ser valiente y, en línea con otros países, abrir el debate que espera que también se cierre cuanto antes».

Esa aparente defensa de recuperar la vía de los peajes para gran parte de las autopistas y autovías españolas coincide en buena medida con lo vienen defendiendo hace tiempo desde Seopan, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias. «La música de lo que nos decís nos gusta, es muy coincidente con lo que dice Fomento», afirmó Saura durante una jornada organizada por dicha asociación y también Fidex, que representa a las principales ingenierías. La propuesta de Seopan, no obstante, va más allá: extender los peajes a toda la red viaria estatal de gran capacidad con concesiones a 25 años, lo que según sus cálculos proporcionaría a las arcas públicas entre 60.000 y 110.000 millones de euros en función de las tarifas que se pudieran aplicar.

El 'número dos' del Ministerio también señaló la preferencia del Gobierno por la colaboración entre el sector público y el privado para financiar las nuevas infraestructuras. «No se nos ocurre otra vía», apuntó. No obstante, en Fomento prefieren no adoptar una posición cerrada ni adelantarse a lo que pueda deparar un debate parlamentario que espera sea «franco, directo y valiente». Por eso una vez vayan recuperando la concesión de autopistas y autovías según vayan finalizando sus contratos actuales no procederá a reprivatizar su gestión.

Hablamos de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), cuyo acuerdo actual vence el 30 de noviembre. Después llegará el turno de las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyo periodo concesional acaba el 31 de diciembre de 2019, y de las que aún no está claro si también pasarán a verse liberadas de posibles cánones. «Por razones de justicia -dijo Saura- no se van a prorrogar estos contratos y se van a levantar los peajes; es una decisión clara y contundente». En cualquier caso, el Ministerio está trabajando en un nuevo modelo de concesiones para las obras públicas que se financien con inversión privada, donde se reducirá a un máximo de diez años el plazo de gestión posterior de las mismas por esos operadores. A cambio de adelantar esos recursos, las empresas obtendrían una rentabilidad similar a la del bono a diez años (la referencia que suelen usar los mercados) más 200 puntos básicos.