Fomento prevé que las autopistas rescatadas ganen 34 millones en 2018

Esa es la cuantía que el departamento dirigido por Íñigo de la Serna ha calculado en el marco del convenio firmado con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, en el que se establecen también las fechas en las que esas carreteras pasarán a manos del Estado, según publicó este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será el 15 de enero cuando así ocurra con las autopistas que unen Madrid con Guadalajara (Radial 2), Arganda del Rey (Radial 3), Ocaña (Radial 4), Navalcarnero (Radial 5) y la terminal 4 del aeropuerto de Barajas (M-12); también la que transcurre entre las localidades de Ocaña y La Roda (AP-36), la circunvalación de Alicante (AP-7) y la autopista mediterránea entre Cartagena-Vera (AP-7). El 1 de abril asumirá la AP-41, la que conecta Madrid con Toledo.

En su totalidad, se trata de unas vías con un recorrido de 510 kilómetros, sobre los que el Gobierno prevé un incremento anual del tráfico del 7,5% para 2018 y unos ingresos por peajes de 93,4 millones de euros a lo largo de todo el ejercicio, además de otros 10,2 millones por la facturación obtenida en las áreas de servicio. Por su parte, los gastos ascenderían a 54,6 millones y un resultado antes de impuestos se situará cerca de los 50 millones de euros, según consta en las previsiones realizadas por Fomento y Seittsa.

A pesar de que la cuenta de resultados será positiva el próximo año, el Estado no se librará de asumir un coste millonario por liquidar estas autopistas en quiebra, con una cuantía que podría ascender a los 3.718 millones de euros, según los últimos cálculos elaborados por el Tribunal de Cuentas. Se trata del importe que la Administración tendría que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial (RPA). A esa cifra habría que restarle el dinero que consiga Fomento cuando adjudique de nuevo todas las vías, una operación por la que el Estado podría obtener entre 800 y 1.000 millones de euros, con lo que el coste neto del rescate sería de unos 2.500 millones.

El principal reto al que se enfrenta el Ejecutivo es evitar que la operación por la que asume estas infraestructuras viarias y posteriormente las vuelve a colocar entre compañías privadas lastre las cuentas públicas. Para ello, Fomento quiere finalizar el proceso de colocación antes de que finalice el próximo año, para que así no computen las pérdidas de asumir la gestión en un ejercicio y los ingresos por la adjudicación en el siguiente. El Gobierno no quiere que esta transmisión lastre el presupuesto de 2018, que debería acabar con un déficit del 2,2%.

Fomento se ha propuesto llevar a cabo estos trámites, siempre de forma individualizada, en el último cuatrimestre del próximo año, en un proceso que «no excederá el 31 de diciembre de 2018», según consta en el anuncio publicado este viernes en el BOE. En ese plazo, el ministerio deberá tramitar y aprobar el estudio de viabilidad y los anteproyecto de construcción y explotación, aprobar los pliegos, publicar, adjudicar y formalizar los contratos y aprobar los proyectos que el concesionario presente.

En cualquier caso, se adjudicará cada una de las nueve autopistas de peaje quebradas a otras tantas concesionarias y no en bloque. Será por un plazo de 25 años y esta vez no tendrán garantía de tráfico. Es decir, que el Estado no se compromete a compensar a la empresa que se haga cargo de la autopista en el caso de que el volumen de tráfico sea menor al estimado inicialmente, como sí ocurría hasta ahora. Además, todas las vías mantendrán sus correspondientes tarifas de peaje. Estas infraestructuras trabajan 700 trabajadores que mantendrán su empleo, en función de las condiciones pactadas tras la liquidación.

El rescate de las autopistas quebradas ha sido la última opción disponible para Fomento después de que fracasara el plan de la anterior ministra del ramo, Ana Pastor, quien se inclinó por aplicar una quita del 50% sobre la deuda que tenían consignadas estas carreteras, sobre todo de constructoras y concesionarias con los bancos que habían financiado sus proyectos. Aquel plan de 2014 entró en vía muerta y se ha optado por un rescate que pretende liquidarse en los próximos 16 meses.