Fomento seguirá gestionando las autopistas quebradas hasta 2022

Fomento ha explicado en un comunicado que la prórroga era necesaria ante la previsión de que los procesos de liquidación de los contratos de concesión de los que provenían estas infraestructuras puedan durar «varios años», porque comenzaron hace poco, son muy complejos y es básico acometer inversiones en ellos.

«A partir del 1 de enero de 2019 todas estas autopistas deben seguir prestando el servicio público, por lo que es necesario que Seittsa continué con su gestión» y asegurar así su conservación y explotación y que se acometan todas las inversiones necesarias «para que se encuentren en un estado óptimo de conservación», señala el texto.

Seittsa está autorizada a cobrar peajes, que en el caso de estas nueve vías quebradas han cambiado sus tarifas, también aprobadas ayer en el Consejo de Ministros. Así, se establece una rebaja media general de los precios en un 30% a partir del próximo 15 de enero y serán totalmente gratuitas entre las 00.00 horas y las 6.00 horas.

Las nueve vías rescatadas y a las que afectan estas nuevas tarifas son las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 (Eje Aeropuerto), la Circunvalación de Alicante, la AP-7 (Cartagena-Vera) y la AP-36 (Ocaña-La Roda). En el caso de la última de la lista, la AP-41 entre Madrid y Toledo, las tarifas se aplicarán cuando la carretera pase a ser gestionada por la Administración.

Fomento se da así cuatro años más en su gestión mientras tiene congelado el plan heredado del anterior Gobierno para sacarlas a concurso para volver a ceder su gestión a empresas privadas y levantar recursos para afrontar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Este es el importe que, por ley, el Estado tiene que pagar a las exconcesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que no les dio tiempo a amortizar en el tiempo en el que las explotaron.

Se trata del 20% del total de la red de autopistas de pago del país, las de más reciente construcción que a finales de 2012 empezaron a quebrar y que Fomento tuvo que rescatar a principios de este año. Las nueve vías quebradas suman unos 510 kilómetros de longitud que no se han recuperado completamente del desplome de tráfico que sufrieron en crisis. Además, para determinar si esta medida es suficiente para incentivar su uso, en seis meses las nuevas tarifas serán revisadas por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

En las autopistas de pago que siguen gestionadas por empresas privadas, el peaje subirá un 1,67% a partir del 1 de enero. Esta cuantía se actualiza anualmente con una fórmula (que se basa en el IPC y el tráfico de las vías) que el Gobierno y el sector concesional pactaron en 2002.