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El FMI no cree que España cumpla la senda de consolidación fiscal pactada con la Comisión Europea en los próximos años. En concreto, el organismo que dirige Christine Lagarde estima que el país incumplirá el objetivo de déficit tanto de 2018 como de ... 2019, según consta en el informe 'Fiscal Monitor' publicado hoy. Así, prevé que España acabe este año con un déficit del 2,5% frente al 2,2% fijado, lo que supone un desvío de tres décimas (unos 3.500 millones) y que se dispararía hasta un desfase de ocho décimas (9.000 millones) en 2019 al situarse en el 2,1% frente al límite del 1,3% estipulado en el plan de estabilidad presupuestaria.
En el caso del desfase estimado por el FMI para el déficit de 2018 coincide con la dudas planteadas por otros organismos como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ambas instituciones también contemplan un desvío de tres décimas, aunque en el caso de la Autoridad Fiscal incluye dos décimas por el impacto del rescate de las autopistas de peaje (sin este coste de 2.000 millones prevé un déficit del 2,3% que también supondría un incumplimiento del objetivo). Sin embargo, el Gobierno insiste en que el crecimiento económico permitirá elevar los ingresos y cumplir con la consolidación fiscal.
El FMI alerta de que de que los activos financieros tóxicos «siguen siendo elevados». Una situación que eleva el riesgo de recaída de la crisis al someter a los mercados a una «fuerte constricción de las condiciones financieras, capaz de trastocar repentinamente las primas de riesgo y provocar una revaloración de los activos tóxicos» según consta en un informe del organismo sobre estabilidad financiera. Para rebajar esta amenaza, la institución pide a los «los inversionistas y a las autoridades« que se mantengan atentos a los «riesgos vinculados al alza de las tasas de interés y al aumento de la volatilidad».
Por otra parte, el Fondo Monetario advierte que en las economías avanzadas la inflación podría subir más rápido de lo previsto actualmente, posiblemente empujada por la significativa expansión fiscal que ha puesto en marcha Estados Unidos. Los bancos centrales podrían responder a esa alza de la inflación con más firmeza de lo que se espera, lo qui podría producir una fuerte constricción de las condiciones financieras. Por ese motivo, el FMI defiende que los bancos centrales deberían «normalizar la política monetaria de manera gradual». Es decir, subir los tipos de interés. Algo que ya ha hecho la Reserva Federal, pero que el BCE todavía está lejos de llevar a cabo, al menos en el corto plazo.
Asimismo, el Fondo Monetario recuerda que España se ha comprometido a una «consolidación gradual» del déficit a través de la «contención del gasto» para llevar al déficit al 0,5% en 2020 (en realidad Hacienda espera lograr el equilibrio presupuestario en ese ejercicio gracia al superávit de los ayuntamientos). Sin embargo, el organismo internacional recuerda que el Gobierno «no ha establecido un plan fiscal a medio plazo con medidas concretas» para lograr esa reducción del déficit. Una de las recomendaciones que realiza la institución tiene que ver con suprimir los tipos reducidos de IVA.
Las previsiones del FMI tampoco son positivas para la evolución de la deuda pública. En este sentido, el organismo considera que el pasivo se situará en 2018 en el 96,7% en línea con la previsión del Gobierno. Sin embargo, el organismo internacional estima que la reducción del pasivo será extremadamente lenta hasta el punto de que en 2023 todavía se encontrará en el 90,9% del PIB.
De hecho, según los datos del informe España incumplirá de largo el objetivo fijado en la ley de estabilidad de reducir la deuda al 60% del PIB en 2020, ya que en ese ejercicio se situará en 33 puntos de PIB por encima de ese límite. En este sentido, la AIReF lleva tiempo reclamando al Gobierno que revise esa disposición para adecuarla a un objetivo realista. En este sentido, la Autoridad Fiscal estima que ese nivel de deuda no se alcanzará hasta 2035.
Este elevado endeudamiento es una de las principales amenazas para la economía española señalada por el FMI, pero también por otros organismos como la Comisión Europea o el Banco de España. Este pasivo -que en febrero marcó un nuevo récord de 1,15 billones de euros con un incremento de 12.000 millones- supone un factor de vulnerabilidad en caso de que se produzcan nuevas turbulencias financieras.
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