El Gobierno se encuentra inmerso en un debate interno. Los dos socios de coalición (PSOE y Sumar) están negociando qué incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2025 (aunque no tienen asegurado el apoyo parlamentario para sacarlos adelante) y una parte fundamental en ese ... debate es la reforma fiscal. En concreto, Sumar quiere que se aplique el IVA a la sanidad privada y a la educación privada.
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Algunos bienes y servicios como la educación, la asistencia sanitaria y los servicios financieros están exentos de IVA. La ley dice que estarán exentas del IVA «las actividades formativas de educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de posgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional». También están exentos de IVA los servicios de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, aunque losprofesionales médicos o sanitarios actúen por medio de una sociedad mercantil. No hay IVA en educación ni en sanidad independientemente de si se imparten desde el sector público o privado. Yolanda Díaz quiere cambiar eso.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros señaló que «arranca una negociación presupuestaria» y que es necesaria una «reforma integral de los ingresos públicos». La vicepresidenta segunda recalcó que «los servicios y productos de lujo tienen que soportar una carga tributaria mayor». «¿Por qué la educación o sanidad privada tributa cero en impuestos?», se preguntó la ministra de Trabajo y anunció que Sumar hará una propuesta en este sentido.
Díaz reconoció que en materia fiscal tiene «ciertas discrepancias» con la ministra de Hacienda. Uno de los hitos para conseguir el próximo desembolso de fondos europeos es la reforma fiscal y en concreto una mayor fiscalidad medioambiental. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, eludió comprometerse en una reforma fiscal como tal y defendió que el Gobierno ha ido tomando medidas tributarias como el impuesto a la banca, a las eléctricas, el impuesto a las grandes fortunas o el tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades. Todo eso, dijo, supone ya «una reforma fiscal con medidas acompasadas al momento económico». Montero recalcó que la fiscalidad es un «instrumento» que debe permitir el crecimiento económico y la justicia fiscal.
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