Las prestaciones públicas y los impuestos reducen la desigualdad más del 31% en España

El estudio revela que más del 90% de este efecto redistributivo de la riqueza proviene de las prestaciones, fundamentalmente de las pensiones. Por tanto, explica que los mayores beneficiarios de la intervención pública son los hogares en los que al menos uno de sus miembros tiene más de 65 años, los dependientes de una pensiones y aquellos cuyo sustento principal es mayor de 85 años.

Así, queda claro que «la redistribución mediante impuestos no representa más que una parte muy pequeña del efecto redistributivo logrado por la intervención pública. La mayor parte de la política redistributiva se lleva a cabo con prestaciones económicas», asegura el estudio firmado por los académicos Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia. En cambio, los mayores contribuyentes netos son los hogares formados por parejas con tres hijos o más, los que dependen de autónomos y aquellos cuyo sustentador principal tiene entre 40 y 50 años.

Además, los hogares más pobres son beneficiarios netos de la intervención pública del Estado y las comunidades autónomos, lo que significa que soportan una carga impositiva inferior a las ayudas que reciben en forma de prestaciones. Por el contrario, en el 20% de las familias españolas con mayor renta sucede exactamente al revés, son contribuyentes netos a Hacienda porque pagan más impuestos que ayudas reciben.

El análisis refleja a su vez que la presión fiscal se ha reducido de 2014 a 2017: el tipo impositivo medio ha pasado del 27,1% al 26,8%. Aunque este tipo crece con la renta, desde Fedea señalan que el que soportan los hogares más pobres (20% de las familias en el primer quintil de renta) es superior proporcionalmente al que corresponde a algunos tramos de hogares con una renta bruta mayor.

Esta anomalía, que es algo menor en 2017 que en años anteriores, se debe principalmente «al efecto regresivo del IVA», ya que, aunque los tipos reducidos están dirigidos a aminorar la carga tributaria de los consumidores de menor capacidad económica, lo cierto es que el consumo de productos sujetos a estos tipos no varía excesivamente a lo largo de la escala de renta, explican los expertos. El IVA es el impuesto que más contribuye a la generación de la desigualdad «por su elevado volumen recaudatorio», añaden. Así, el estudio calcula que elevó la desigualdad de la renta bruta de los hogares en un 3,25% en 2017, el porcentaje más reducido del periodo.

Así, el IRPF y el Impuesto de Patrimonio son progresivos, mientras que las cotizaciones sociales son regresivas, debido a la existencia de las bases mínimas y máximas. Esto supone que los que más tienen no pagan proporcionalmente lo mismo que los que menos cobran al año ya que la base máxima de cotización no llega igualar los sueldos más elevados.

En esta línea, el tipo medio efectivo de las cotizaciones sociales de asalariados y autónomos se redujo ligeramente al 5,03% en 2017 frente a un año antes. Llama la atención que los hogares más pobres pagan el tipo más elevado, a pesar de que ha caído del 8,3% de 2013 -primer año del informe- al 5,9% de 2017. Esto se explica porque los autónomos deben cotizar a pesar de que sus rentas sean inferiores a las bases mínimas o incluso cuando tengan pérdidas.

Por el contrario, los que tienen mayores rentas soportan un tipo efectivo más bajo, ya que por mucho que ganen, existe una base máxima de cotización (3.751 euros mensuales en 2017), que deja exenta de tributación una parte de las retribuciones más altas. Así, el informe explica que las cotizaciones sociales se comportan de forma «ligeramente regresiva», aunque el incremento de la desigualdad de la renta bruta de los hogares que ocasionan se ha ido reduciendo paulatinamente desde el 1% de 2013 hasta el 0,58% de 2016 y 2017.