La presión fiscal de las empresas españolas supera en un 31% la media europea

Los datos son concluyentes. El indicador de presión fiscal empresarial efectiva –que incluye la imposición y las cotizaciones sociales a cargo de la empresa frente a un PIB neto de economía sumergida– es un 31% superior a la media de la Unión Europea. De los 30 países analizados, España presenta la sexta mayor presión fiscal empresarial efectiva, solo por detrás de Chipre, Estonia, Francia, República Checa e Italia.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, apunta de forma directa al impuesto de Sociedades como uno de los que más perjudica en la comparativa con otros países. Un tributo que cuenta con una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la UE y un 21,2% superior a la OCDE. En 2019 la diferencia era del 16%.

El informe incorpora otros elementos que evidencian la brecha entre la carga que soportan las empresas españolas respecto a las europeas, como la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral que supone para la empresa tener un trabajador contratado y el salario neto final que recibe dicho trabajador. En concreto, España tuvo una cuña fiscal del 39,3% en 2020. Por tanto, el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral.

España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 34,6%, siendo el país con la decimosexta cuña fiscal más elevada de los 37 países analizados.

«En este punto, cabe destacar que el trabajador puede no ser consciente de la magnitud de estas cifras y desconocer la parte de su salario bruto que se destina al pago de impuestos y cotizaciones y que, por lo tanto, él no recibe en efectivo como compensación por su trabajo», indican los economistas.

Desde el IEE insisten en que el hecho de que la cuña fiscal supere la media de la OCDE se debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país, pese a que el Gobierno insiste en que hay margen para la subida. Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el 29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo que nuestro país es el séptimo de un total de 37 analizados con las cotizaciones sociales a cargo de las empresas más altas.

Bajo este escenario, la economía española ha retrocedido cuatro puntos hasta el puesto 30 en el Índice de Competitividad Fiscal desde 2019, de 37 países analizados, muchos de los cuales han optado por rebajar impuestos y el peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios durante la pandemia. Algo que ha sido clave para que España quede rezagada en la recuperación de la región, según ha expresado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.

La institución también ha querido mandar un mensaje al Gobierno de cara a la próxima reforma fiscal, que en febrero recibirá las primeras recomendaciones del comité de expertos. «Hay que evitar reformas apresuradas y coyunturales con el fin de lograr un código tributario coherente», asegura Fernández de Mesa.

En este sentido, considera que subir Sociedades o Patrimonio sería un error y que el aumento de la recaudación debe basarse en el incremento de las bases imponibles. Defiende que la clave para cerrar el desajuste es clave vital eliminar la economía sumergida.

Según recuerdan, con datos del FMI, en España se recauda el 35,4% del PIB total, pero está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad, dado que el 22% del PIB es economía sumergida. Si ese dato se pudiese reducir al mínimo, calculan la recaudación tributaria aumentaría más de cuatro puntos del PIB. Un paso más para no tener que subir impuestos para financiar el gasto.